Fernando Fernández, el auditor que asumió la dirección de la Contraloría General de Cuentas (CGC) es también el hombre que tiene una llave del proceso electoral: él decide a quién entrega la solvencia de cuentas, requisito  para la inscripción de candidatos a puestos de elección popular.

Fernández era Subcontralor de Probidad hasta el 13 de octubre 2018, cuando asumió la dirección interina de la Contraloría General porque venció el periodo de su antiguo jefe, Carlos Mencos. Los diputados no designan desde el 10 de diciembre al nuevo jefe de dicha institución y esa tardanza, según aspirantes a candidatos en estas elecciones, es una estrategia que desde el Congreso de la República se echa andar para neutralizar contendientes.

La pregunta es ¿quién dirige la estrategia? Hasta ahora los diputados Carlos Barreda y Estuardo Galdámez han sido los más abiertos en exigir explicaciones sobre la entrega de los finiquitos.

Barrera integra la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Galdámez, el Frente de Convergencia Nacional (FCN), los dos bloques con mayor incidencia en el Congreso de la República. Un vistazo al pasado laboral de Fernández muestra cómo esos partidos sostienen en hilos a dos antiguos jefes del contralor interino.

 

Su más reciente jefe, Carlos Mencos es ahora candidato a diputado de Escuintla por la UNE. Ese vínculo de Fernández, de hecho, según una fuente que habló en anonimato pues labora en la Contraloría General, ya fue motivo de sospechas y destitución para el contralor interino.

Nora Segura, antigua Contralora General, cesó a Fernández como Subcontralor de Probidad en la Contraloría General en 2011, porque temió que a través de él, Mencos incidiera en la institución. No fue sino hasta que Mencos volvió en febrero 2015 cuando Fernández pudo colocarse de nuevo en esa dependencia: fue recontratado como Subcontralor de Probidad en. La misma fuente dentro de la Contraloría General es crítica del nombramiento: ¿cómo puede alguien que estuvo preso, asumir como contralor de honradez? cuestiona.

Fernando Fernández no estuvo preso. Al menos el Sistema Penitenciario no lo registra, pero el contralor interino si enfrentó una acusación en 1995, según registros penales.

ConCriterio solicitó durante dos días el acceso a los datos básicos del expediente, pero resultó imposible conocerlos pues la fiscalía no cuenta con archivos digitales de esa fecha. Tolo lo que fue posible establecer es que el proceso existió y una trabajadora del área de registros penales en los juzgados lo confirmó:

            “Sí, tiene un proceso en el Juzgado Tercero, es de 1995. ¿El proceso sobre qué es? No dice, pero es de la Fiscalía de Delitos Administrativos. Aquí el abogado es Juan José Rodil Peralta y el sindicado es Felipe Fernando Fernández Chavarría”.

ConCriterio intentó entrevistar al contralor interino, pero no respondió a las llamadas. Tampoco respondió su antiguo jefe Carlos Mencos ni Nora Segura para conocer su versión sobre el despido y nombramiento.

La trabajadora judicial mencionó el segundo vínculo de Fernández con uno de los partidos en el poder: Juan José Rodil Peralta, su defensor en el caso, fue nombrado embajador de Guatemala en Nicaragua en 2016.  Además de ser su abogado también fue su jefe. La relación se remonta a la época cuando Rodil Peralta presidió la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Fernández fungió como Director Financiero del Organismo Judicial (OJ).

Es incierto si la acusación contra Fernández tiene que ver con esa época, pero Rodil Peralta si fue sujeto de proceso al dejar la presidencia de la Corte Suprema, acusado de fraude, peculado y malversación de fondos.

ConCriterio buscó a Rodil Peralta en su bufete, pero una secretaria negó que la oficina del embajador funcione allí, aunque los administradores del edificio lo confirmaron:

“Sí, él trabaja en la oficina 401, no se mantiene, pero ahí está su secretaria. Él anda de viaje, pero sí es su oficina.”

Fernández es un auditor con un posgrado en Políticas Públicas. Su recorrido laboral es amplio en instituciones del Estado: desde asistente financiero del Ministerio de Gobernación y asesor de la Empresa Portuaria Quetzal, hasta los altos puestos en el  Organismo Judicial y la Contraloría de Cuentas, entre las más notables.