Los ojos de Guatemala y de Estados Unidos están puestos sobre Ministerio Público (MP) luego de que Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) al ventilara una noticia del diario LaHora en la que se manifiesta que se habían presentado 9 denuncias administrativas contra personal de la unidad. Tres de ellas promovidas por el despacho de Consuelo Porras, Fiscal General. Así lo comunicó Sandoval el miércoles en este programa:

“Cinco son de sindicados, uno de un usuario externo y tres provienen del despacho de la señora Fiscal General: una por una investigación que fue trasladada a otra fiscalía en contra de uno de los agentes fiscales, otra por el un caso que aún está en etapa preliminar y una solicitud de apartamiento que solicitó un magistrado de quien se solicitó antejuicio”.

Una de las denuncias administrativas responde al caso en el cual uno de los investigadores solicitó informes al presidente Alejandro Giammattei sobre Leyla Lemus, secretaria general de la presidencia. Lemus denunció al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) junto con la Contraloría General de Cuentas. Posteriormente la FECI inició una investigación por supuesta conspiración contra el presidente del Seguro Social, pero el caso fue traslado a la Fiscalía Transnacional.

Esta semana se conoció que la Fiscal General aprobó cambios a esa fiscalía. Con las reformas tendrá jerarquía sobre otras unidades investigativas. ConCriterio solicitó una entrevista con la fiscal a cargo de esta unidad, pero al cierre de la nota respondieron que la funcionaria podía atener hasta el lunes.

El tema ha generado debate y reacciones: ayer Michael Kozak, Subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental, escribió en su cuenta de Twitter:

La Fiscal General tiene el deber de perseguir las denuncias legitimas de corrupción de donde conduzcan. Procese a los corruptos, no los fiscales anticorrupción de la FECI”

Más tarde, el MP publicó una nota de la Fiscal General en la que respondía la tuit del Subsecretario recordandole las ultimas palabras quye expresó en la reunion virtual que mantuvieron y que se referian al respeto a las decisiones que tomará Guatemala.

Todd Robinson, exembajador de EE.UU. en Guatemala, acuñó a Kozak: ese mensaje habla por sí mismo. La lucha es contra la corrupción, no es en contra de los luchadores de la corrupción.

Y el exembajador Stephen McFarland suscribió: Los EEUU debe estar muy preocupado por las acciones contra la FECI y sus fiscales y por sus inevitables consecuencias para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado; donde EEUU tiene intereses también.

Julio García Merlos, abogado litigante, aunque aclara que desconoce con qué fundamento los funcionarios estadounidenses fijaron postura, señala:  (431)

“Creo que la polarización se ha salido de contexto, se va a las redes y se convierte en tema político, un proceso de evaluación interno se saca de contexto y se convierte en bando y eso no es bueno ¿pero Estados Unidos va a emitir un posicionamiento por algo que se dice en redes? No sé cuál será el fundamento que tendrán, ciertamente manda un mensaje, pero no se conocen los detalles a fondo.

El abogado cree que hay grupos interesados en dibujar un distanciamiento entre la Porras y la FECI:

El hecho que se fortalezcan otras fiscalías es necesario, lo que sucede es que los medios tienen puestos los reflectores puestos en la FECI.

Claudia Escobar, expostulante a dirigir el MP y magistrada que denunció cooptación en el sistema de justicia, está de acuerdo en que se fortalezcan otra unidad, pero:

“La Fiscal General tiene otra línea, sus intenciones no parecen ser las de fortalecer el estado de derecho, creo que ella quiere congraciarse con los grupos de poder que buscan impunidad y el debilitar esta fiscalía -FECI- es parte de esto”.

El pronunciamiento que los funcionarios estadounidenses han hecho, para Escobar tienen una solo lectura:

La comunidad internacional ve con preocupación el estado de derecho, porque tiene efectos para toda le región y no son acciones aisladas: los magistrados rebeldes de la Corte de Constitucionalidad, la falta del Congreso de no elegir cortes; es toda una estrategia.

En un anterior comunicado el MP escribió que ningún funcionario es superior a la ley y que la labor de la institución es atender todas las denuncias. Además, llamó a evitar las especulaciones y rumores y señala que “bajo ninguna circunstancia de busca debilitar a la FECI”.