La agenda de la anterior legislatura fue heredada a bloques actuales que mantienen una lucha férrea contra Carlos Contreras, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). En el tablero solo cambiaron los personajes, pero el juego es el mismo: tomar la institución y su presupuesto de Q14 millardos anuales.

En ese bando están el Ejecutivo, diputados oficialistas y la facción de congresistas liderados por Sandra Torres con un actor clave: la Contraloría General de Cuentas (CGC).

            El 2 de julio el diputado de Vamos, Cándido Leal Gómez, secretario de la Comisión Legislativa, envío a Jorge Luis Donado, Procurador General de la Nación, un reporte de hallazgos de la Contraloría sobre el Seguro Social y, por su parte, Leyla Lemus, Secretaria General de la Presidencia de la República, hizo llegar otro oficio, cuyo contenido es desconocido.

            ConCriterio intentó hablar con Donado y Lemus, pero ninguno respondió.

Ejecutivo y Legislativo quieren fuera a Contreras:

¿por qué? En el informe del Congreso hacia la PGN salta a la vista una razón: la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

            Los diputados de Creo, Vamos y 5 de la UNE, exigen una explicación sobre la firma de un convenio entre el IGSS y UNOPS para comprar medicinas,  el cual, según la Contraloría, no es auditable.

            En 2019, Luis Hernández Azmitia, exdiputado aliado al oficialismo y clave para el expresidente Jimmy Morales en la pasada legislatura, hizo el trabajo que hoy hacen los diputados de Sandra Torres.

            “La calidad de los medicamentos comprados por UNOPS no se ha mejorado, ni tampoco los precios y yo, por mi parte, me voy a oponer a que eso pase”.

            El excongresista fue premiado por la gestión de Morales con un puesto diplomático en la OEA, pero el nuevo gobierno revirtió su nombramiento.

     El convenio con UNOPS continúa vigente hasta marzo 2021 por dictamen del propio Congreso en la Ley de Presupuesto 2019.

            La llegada de Lemus a la Secretaría General de la Presidencia, coincidió con la visita de un ejército de auditores al IGSS. Lemus, fue durante 4 años directora de Asuntos Jurídicos de la Contraloría. Además, tuvo vínculos con la industria de las medicinas como representante de Nipro Medical Guatemala, en las reuniones con UNOPS. * Nipro Medical Guatemala se comunicó con este medio para aclarar que Lemus Arriaga no fue representante legal de la compañía y que solo prestó asesoría legal.

            En una llamada en noviembre 2019con ConCriterio, Lemus respondió: “Fui abogada y no solo de esta empresa, yo soy abogada de litigio. Desde principios de 2015 que no trabajaba para la administración pública, asesoro clientes y no considero que eso sea algo ilegal”.

            Édgar Balsells, economista, representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ante el IGSS, dice que el convenio con UNOPS ha presentado adhesiones y ahora construye también edificios: y la Contraloría ha externado hallazgos que tienen que ver con cumplimiento de temas financiero-contables. Que UNOPS rinda cuentas ante la ley orgánica de presupuesto, eso es lo que piden, pero no hay hallazgos concretos de eso, sino están pidiendo información la cual se debe dar.

            Rafael Espada, médico y exvicepresidente del país, cree que la lucha política que enfrenta Contreras es por el modelo de compra con UNOPS, que no permite negocios irregulares: Hay mucha gente que contaba con ese dinero para sus negocios ilícitos y eso no le parece y están tratando de sacar al presidente de una forma ilícita.

            Esta semana México modificó su Ley de Compras y Contrataciones y el presidente Manuel López Obrador acudió al mismo convenio bajo el cual compra medicinas UNOPS y el IGSS. Los funcionarios mexicanos creen que el modelo no solo agilizará la adquisición de medicamentos que urgen durante la pandemia, sino será la vía para que el país acceda a la futura vacuna contra el Covid-19. 

*Nota del editor: 05/08/2020 18.28 hrs. Nipro Medical Guatemala aclaró que Leyla Lemus Arreaga no fungió como representante legal de la compañía y solo prestó asesoría legal.