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Empresas inmobiliarias, agrícolas y farmacéuticas forman parte de la lista de entidades que, según la Fiscalía Especial, financiaron de manera irregular la campaña presidencial 2015 de Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

El testimonio de uno de sus financistas podría llevar al banquillo de la justicia a Torres quien con el 25% de los votos pasó a la segunda vuelta presidencial 2019.

Se trata del empresario farmacéutico Michael Erichsen Rydhanger, uno de los aportantes a la campaña presidencial de la exprimera dama, quien reveló en una declaración ante la Fiscalía que Torres recibió dinero que no  reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que además fue ella quien pidió un cheque a su nombre.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI comenta:

¿Qué fue lo que la persona declaró? Que hubo petición recursos y los mismos fueron entregados por medio de un cheque, girado a nombre de la persona que lo solicitó.

El cheque era de Q250 mil y la solicitante fue Sandra Torres, según la declaración del farmacéutico que obra en la carpeta judicial.

El empresario que declaró sobre el dinero entregado a Torres es también sindicado en el proceso penal por el delito de financiamiento electoral no registrado.

Q9 millones ilícitos

La investigación es por financiamiento de Q19.5 millones, de los cuales, de acuerdo con la fiscalía, se determinó que Q9 millones provienen de financiamiento ilícito.

¿De dónde provenían? Sandoval, responde:

Parte del dinero de financiamiento provenía de comisiones ilícitas obtenidas para la devolución del crédito fiscal en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) del caso conocido Traficantes de Influencias.

Algunos de los recursos fueron canalizados a través del excandidato 2015 a la vicepresidencia de la UNE y prófugo de la justicia, Mario Leal Castillo. Tres eran las entidades vinculadas con el empresario y mediante las cuales se traspasaba el dinero:

La principal conocida como Maariv, la otra Promotora de Recursos Habitacionales y el proyecto Inmobiliario San Felipe, por las cuales se canalizaban los recursos.

Las empresas vinculadas

El resto del dinero Q10.5 millones que no fueron reportados al TSE habría sido financiado por entidades lícitas, pero al no haber sido declaradas ante la autoridad electoral se incurrió en delito:

Son una serie de entidades y que están vinculadas a distintas personas como:

  • Ingeniería Integral -vinculada con el hijo de Geovanni Marroquín Navas-
  • Edificaciones Corporativas
  • Grupo Inmobiliario San Felipe
  • Unifarm
  • Summa Aqua
  • Compañía Agrícola Industrial Solesa

En este caso están señaladas 26 personas, entre ellas la candidata presidencial Sandra Torres, 4 diputados de la UNE y 2 alcaldes, además de Gustavo Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom. El 27 de febrero la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó los antejuicios de Torres y los diputados, por considerar que no existían indicios para investigar a los políticos.

La FECI solicitó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), el cual fue otorgado de forma provisional, pero aún se espera la resolución definitiva para continuar la solicitud de retiro de inmunidad a la candidata de la UNE.

ConCriterio solicitó al equipo de comunicación de Torres una respuesta sobre estos hechos que se ventilan ya en un juzgado y además  intentó contactar con la defensa de otros implicados en como el abogado de Cristiani Bukard, pero al cierre de la edición no hubo respuestas.