Cinco de los empresarios más prominentes del país deberán sentarse hoy en el banquillo de los acusados y responder a la justicia por aportes financieros que entregaron al partido FCN-Nación que en 2015 llevó a Jimmy Morales a la presidencia de Guatemala.

Ellos son: Felipe Bosch, José Fraterno Vila, José Guillermo Castillo, José Miguel Torrebiarte y Salvador Paiz.

Los cinco aportaron Q 5.8 millones para la campaña electoral 2015 de Morales, de un total de Q8 millones que fueron remitidos por empresarios  a FCN. El Comisionado de CICIG, Iván Velásquez, dijo esta frase en la conferencia de prensa del 15 de mayo:

 “Financiar campañas políticas no es delito, el delito es financiar anónimamente “

Ese fue el delito que hoy lleva a los empresarios a los tribunales de justicia. Un mes atrás debieron ofrecer disculpas públicas:

“Por estas acciones le pedimos disculpa a Guatemala, a nuestras empresas y accionistas, a nuestros colaboradores y sobre todo a nuestras familias”

La colaboración con las investigaciones puede favorecerlos. El comisionado Velásquez explicó que este es un modelo instaurado en el MP y CICIG, que evalúa la actitud de la persona en cuanto a aportar información para resolver los procesos.  El jefe de la comisión asegura que a partir del caso Construcción y Corrupcion las instituciones establecieron un nuevo mecanismo:

 “Se adoptó como una instrucción de nuestros equipos que una determinada actitud procesal debería merecer también una respuesta desde el Ministerio Público y CICIG. Lo que hicieron por ejemplo los empresarios de la construcción quienes desde su primera declaración reconocieron lo que había hecho, entonces planteamos que el propio MP y CICIG solicitaran medidas sustitutivas.

En el caso de los cinco empresarios que financiaron ilícitamente a Morales, Velásquez dijo que  por su colaboración no se giró orden de captura y podrían evitar la prisión:

Por esa situación cumpliendo con esto que ya era una definición adoptada decidimos que lo procedente era que se citaran y que si esa actitud continuaba debe corresponder medidas sustitutivas.

Los aportantes salieron a luz por la colaboración de las empresarias Paulina Paiz y Olga Méndez, gerentes de NovaServicios S.A. empresa por la cual se canalizaron los fondos. Ellas fueron quienes colaboraron con las investigaciones para develar cómo los empresarios financiaron ilícitamente al Jimmy Morales, así lo explicó la entonces fiscal Thelma Aldana:

Encontramos por ejemplo declaraciones testimoniales en la que se describe el mecanismo utilizado para financiar de forma anónima al partido FCN-Nación y las personas que intervinieron en este financiamiento correos electrónicos para las coordinaciones de pagos, reuniones entre dirigentes del partido, se aportaron documentos financieros, cheques, vouchers que muestran el origen y el destino de los fondos al partido de forma ilícita.

Paiz y Méndez fueron imputadas por financiamiento electoral ilícito el  13 de marzo de este año el Juzgado de Mayor Riesgo D y se les otorgó un criterio de oportunidad, además de ordenarles a pagar en concepto de indemnización US$45mil a cada una  y a la empresa Nova Servicio  Q2.3 millones.

Rodrigo Arena y Andrés Botrán son los otros dos empresarios quienes admitieron coordinar y depositar  los Q8 millones que sirvieron para el pago de fiscales de mesa, pero que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral.  Ambos fueron ligados a proceso por financiamiento electoral ilícitos y se les otorgó arresto domiciliario con caución económica para Botrán por Q400 mil y Arenas por Q200 mil.