El 2020 mostró una debilidad más en las instituciones estatales: la fuerte oposición a la transparencia. Los sistemas públicos cerraron las puertas para acceder a información no reservada y que en el pasado estuvo disponible a la fiscalización ciudadana.

El cambio de administraciones supuso guardar bajo llave ciertos documentos. Lilian Sierra, titular de la Secretaría de Acceso a la Información Pública (SECAI), atribuye el fenómeno a tres causas: opacidad, falta de experiencia en aplicación de la ley y también la pandemia. En 2019 se plantearon 86 mil solicitudes y este 2020, los requerimientos cayeron a 30 mil.

Hay otro factor: de 1 mil 262 instituciones obligadas a presentar informes a la SECAI, la entidad rectora de la Procuraduría de los Derechos (PDH) reporta que 469 incumplieron. Sierra:

Los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Comudes), la Organizaciones NO Gubernamentales (ONG) y las empresas extractivas son las que más incumplen en entregar la información.

El lunes la Empresa Portuaria Quetzal emitió un acuerdo mediante el cual reserva por 7 años información relativa a sus operaciones. La PDH analiza el caso y la directora de la SECAI sostiene que aunque los códigos marítimos internacionales establecen espacios de confidencialidad, las autoridades portuarias se extralimitan:

El Código de Protección de Buques, estos ya señalan cuál es la información. No es toda, sino datos que generen riesgo.

 

También el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con el cambio de administración, mostró cambios:  ConCriterio y Prensa Libre señalaron que esa instancia reservó información pública de oficio.

En 2018 asumió Consuelo Porras como jefa del Ministerio Público (MP) y los reporteros experimentan, cada vez, más dificultad para acceder a los casos. Evelyn Boche, periodista del ElPeriódico, lo señaló el lunes en conferencia de prensa con Porras:

Obtener información del MP se hace cada vez más difícil, son contados los fiscales que atienden directamente a periodistas para dar explicaciones por casos de función pública y vía acceso información también es complicado. Antes teníamos acceso a denuncias y esto era muy valioso, pero esto se perdió.

Porras prometió que reforzará indicaciones para el libre acceso a información no reservada.

A inicios de este mes, el medio electrónico de fiscalización Ojo Con Mi Pisto, presentó un amparo contra Porras ya que se rehusó a proporcionar información. No es la única: la PDH reporta que hay 70 denuncias en el MP por negación de información.

Esta semana el sitio electrónico Prensa Comunitaria denunció que Allan Rodríguez bloqueó al medio en sus redes identificadas como cuenta oficial del presidente del Congreso de la República y diputado de Sololá.

En este contexto surgió en el Congreso una reforma legal que propone que sean los congresistas quienes nombren al rector del acceso a la información, una función que ahora corresponde a la PDH.

José Alejandro Maldonado, de PODEMOS, aliado al oficialismo, lo presentó en junio. Los puntos: separar la Secretaría de la PDH y que la Comisión Legislativa de Probidad envie una lista de 5 candidatos para que el Congreso en pleno elija.

Nineth Montengro, exdiputada  promotora de la vigente Ley de Libre Acceso a la Información, señala que la norma tuvo 8 años de batalla para su aprobación:

La ley necesita reformas, pero para darle más colmillos para poder morder, cuando trabajamos, esto se iba hacer autónomo, pero no elegido por el Congreso, ahora dada la coyuntura actual, no es el mejor momento.

Carlos Mencos, diputado de la Unidad Nacional De la Esperanza e integrante de la Comisión de Probidad, dice que pedirán que el documento regrese a esta sala para plantear enmiendas:

Una es que el Consejo esté integrado por la PDH y que entre ellos nombren a quien la vaya a presidir, pero que no sea el Congreso que nombre.

La ley de acceso a la información es una herramienta ciudadana de fiscalización, en su artículo 50 establece que debe ser parte del currículo educativo a todo nivel, un contenido que aún no promueve el sistema educativo.