Luis Chang, exministro de Energía y Minas en la gestión del expresidente Jimmy Morales, emitió un día antes de dejar el cargo una autorización definitiva a la entidad Desarrollo Integral Pontila, Sociedad Anónima, para la construcción de un proyecto hidroeléctrico, en el municipio de Rocja, Pontila en Cobán, Alta Verapaz. La hidroeléctrica está vinculada con Aurelio Asturias Ekenberg, primo del exministro de gobernación, Enrique Degenhart.

La concesión es para aprovechar por 50 años el caudal del rio Icbolay para una capacidad de producción de 40 MW de energía.

Manuel Arita Sagastume, viceministro de Energía señala que el expediente contó con todos los pasos requeridos por la ley, sin embargo informó que se hará una reevaluación:

“Estamos girando instrucciones para una revisión, tomando en cuenta que fue aprobado en la pasada administración y para eso se ha designado a un equipo que evaluará los documentos”

El acuerdo ministerial establece que 30 días después de la publicación, las autoridades del Ministerio y la empresa deberán suscribir el contrato correspondiente, de no hacerlo este caducará.

El río Icbolay cedido a la sociedad, es uno de los principales afluentes del río Chixoy. Además, es el encargado de drenar la enorme cuenca Lachuá que tiene 358 kilómetros y es una de las principales fuentes de agua de las comunidades de Fray Bartolomé de las Casas, Raxruhá, Cobán y otros municipios más, según la evaluación hidrológica realizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT) de la Universidad de San Carlos (Usac) en 2005.

Ana Rutilia Icál, una defensora de los recursos naturales de aquel departamento anunció que la comunidad q’eqchi’ presentará amparos ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que se proteja el bienestar de las poblaciones; ya en 2017 por una resolución de la CC el proyecto se había suspendido:

Cómo es posible que sabiendo del impacto ambiental que va a tener para la Laguna Lachuá, para conservar la biodiversidad y los comunitarios; estas autoridades no piensen en el bien común como dice la constitución, están favoreciendo a personas particulares.

El ministerio de Energía y Minas incluso afirma que se cumplió con las consultas a los pueblos; sin embargo, Icál lo niega:

La Corte de Constitucionalidad dijo que se tenía que llevar a cabo la consulta y nosotros no sabido nada, por lo tanto hay ilegalidades.

El temor más grande es que se cause daño a la Lagua Lachuá área protegida mediante una declaración de mayo de 2006.

Instituciones como:

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), la Escuela de Biología de la Universidad San Carlos (Usac) y el Instituto Nacional de Bosques (Inab) emitieron informes no procedentes sobre la construcción del proyecto, ya que consideraron que el proyecto pone en riesgo el ecosistema del Parque Nacional Laguna Lachuá, la resolución se emitió en diciembre de 2016 y opinión que según el Conap continúa vigente.

Para esta nota se intentó contactar a los representantes del proyecto, pero al cierre no fue posible.