Recibe los #ReportesConCriterio de Henry Bin, directo en tu buzón.

Mirna Elizabeth Juárez, de 19 años, espera recién operada en una cama del Hospital Roosevelt a su audiencia de primera declaración como acusada de lanzar la bomba hechiza que explotó en el bus con pasajeros de la ruta 32 en la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 de la capital. La granada detonó en sus manos y ambas le fueron amputadas después de una cirugía de ocho horas.

Los médicos y pacientes manifiestan su nerviosismo y ansiedad con la presencia de la joven, quien se recupera en un área reservada dentro del hospital bajo custodia policial. Marco Antonio Barrientos, director del centro asistencial informó que ese lugar está bajo vigilancia de la Policía, además de guardias del centro asistencial.

El médico comentó que aplicarán controles especiales de seguridad para evitar un incidente como el de agosto de 2017 cuando un grupo de pandilleros irrumpió y bajo una balacera liberaron a un líder de su organización. Atrás dejaron 7 muertos y 5 heridos.

Los servicios médicos y las visitas no fueron suspendidos, pero los familiares de los enfermos temen pues saben, por notas de prensa, que la joven fue identificada como integrante de una pandilla que cobraba extorsión al servicio de transporte colectivo. Dora Bran a su paso, después de visitar a un familiar convaleciente en ese hospital, está consciente del peligro:

Da miedo porque yo tengo paciente acá y le puede suceder algo. Incluso cuando uno los viene a ver, también corre peligro. Pero se están extremando bastante la seguridad, vi que hay soldados y policías. También registran a las personas.

El doctor Barrientos refirió que la joven herida, junto con el ayudante del bus y un pasajero más, aún necesitan cuidado médico dadas sus lesiones. Así mismo informó que investigadores ya se acercaron para interrogar a la chica, además la visitaron sus familiares:

 “Desde ayer se presentó alguien, está en contacto con la Policía y los investigadores”

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque al bus se debió a la falta de pago de extorsión que las pandillas cobran a pilotos de la ruta 32. Un día después de la explosión, la PNC capturó en la misma zona a un hombre y una mujer a quienes acusan de planificar represalias contra los conductores de la misma línea.

La Fiscalía contra las Extorsiones del Ministerio Público reportó que en 2018 desarrollaron 11 operativos contra extorsionistas y resultado de los procesos penales en marcha, se emitieron 474 sentencias condenatorias contra los integrantes de tres grupos de pandillas: Mara Salvatrucha, Barrio 18 e Imitadores, quienes de acuerdo a probado en debate sumaban Q11.1 millones en sus cuentas bancarias fruto de la extorsión.