Recibe los #ReportesConCriterio de Henry Bin, directo en tu buzón.

Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), enfrenta proceso de antejuicio bajo sospecha de recibir financiamiento electoral irregular. Investigadores del Ministerio Público (MP) sostienen que en 2015, cuando quedó en segundo lugar en la carrera por la presidencia, la exprimera dama recibió Q19.5 millones de aportes que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral.

El expediente de investigación cuenta con escuchas telefónicas que, según el MP, registran conversaciones entre Torres y el exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom, Gustavo Alejos, aprehendido ayer acusado de financiamiento electoral ilícito. Los investigadores afirman que los audios delatan a la candidata presidencial de recibir  fondos de manera ilegal.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) informó que cuenta con 60 declaraciones testimoniales: una de ellas es la de un aportante quién afirma que se reunió con Torres con el fin de entregarle personalmente una contribución de Q250 mil.

La investigación, que arrancó en Enero de 2018 y concluyó en diciembre de 2018, siguió hilos sueltos del caso “Traficantes de Influencias”. Según la acusación, Torres utilizó empresas de cartón y sociedades reales para la transferencia del dinero:

– el expediente da cuenta que Q9.5 millones que provenían del pago de sobornos que ingresó en las cuentas de la empresa de cartón Maariv, administrada por Mario Leal, exvicepresidenciable de Torres en 2015. Esos fondos, de acuerdo con las pesquisas, eran direccionados a la campaña de la UNE sin ser reportados.

La FECI sostiene que el dinero que administraba Leal Castillo provenía del cobro comisiones ilegales para agilizar la devolución de crédito fiscal desde la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Los Q9.5 millones fueron trasferidos a través de la empresa ilegítima “Ingeniería Integral”, administrada por Marlon Estuardo Marroquín Silva, hijo de Giovanni Marroquín Navas, vinculado con el caso La Línea y Traficantes de Influencias.

Un diputado y su empresa

Diputado Julio Ixcamey

Grupo Inmobiliario San Felipe, una empresa real, propiedad del diputado de la UNE, Julio Ixcamey, aparece en el expediente como una corporación que canalizó Q4.6 millones. Los investigadores adjuntaron al expediente varios cheques firmados por el congresista, en los cuales se lee “campaña UNE”. Esas aportaciones no fueron reportadas. Esta compañía recibió donaciones de varias entidades privadas, entre ellas, la corporación Solel S.A. propiedad de Mynor Zimeri por un monto de Q1.7 millones.

En la investigación consta, que la empresa del congresista entregó a Leal Castillo, Q1.2 millones en efectivo bajo el supuesto que era para pagar una planilla.

Empresa familiar para la recepción de fondos ilegales

Promotora de Recursos Habitacionales, S.A. (Prohabsa),  una empresa familiar vinculada a la familia Leal Pivaral, recibió contribuciones por Q5.6 millones, parte del dinero correspondía a las coimas que se cobran en la SAT.

Karina Paz, actual diputada del a UNE y exasistente de Mario Leal Castillo, contra quien se solicitó el retiro de la inmunidad, es señaladA de convertir el dinero en efectivo mediante el cambio de los cheques.

Diputada Karina Paz cambió cheques del financiamiento ilícito, según la investigación.

La investigación también vincula a Gustavo Alejos Jansa, hijo de Gustavo Alejos Cambara, quien admitió ante la fiscalía haber entregado Q500 mil para financiar la campaña de la UNE.

Durante el tiempo cuando ocurrieron los hechos, Orlando Blanco y Sandra Torres fungieron como Secretarios Generales del partido.

Por este caso se presentaron 7 solicitudes de retiro de antejuicio: Sandra Torres y los diputados Jairo Flores, Karina Paz, Julio Ixcamey, Jorge Estuardo Vargas y dos alcaldes de Quiché. Así mismo, 7 personas fueron citadas a declarar, 4 más fueron capturadas y otras 4  están prófugas, entre ellos, Mario Leal Castillo, excandidato a la Vicepresidencia.

En conferencia de prensa, Sandra Torres calificó la denuncia como espuria y aseveró que es un ataque político