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Los intentos del abogado William Méndez, esposo de María de los Ángeles Araujo, magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), avanzan en su búsqueda de sustituir la prisión preventiva por un arresto domiliciar.

El 03 de diciembre pasado la jueza de Mayor Riesgo D, Érika Aifán, ligó a proceso a 13 sindicados acusados de pagarle sobornos al exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y de ayudarle en obstruir las investigaciones en el caso Construcción y Corrupción a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP). Uno de los detenidos es Méndez, citado a declarar en audiencia de primera declaración el 21 de noviembre. Dos semanas después fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva bajo cargos de obstaculización  a la acción penal.

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Los días siguientes José Toledo, abogado del procesado, apeló la prisión preventiva para que su defendido recobrara su libertad antes de Navidad, pero sus intentos no surtieron efecto y permaneció en la cárcel. El 8 de enero fueron notificados que la acción legal presentada para apelar por arresto domiciliar fue admitida para tramitarla.

La magistrada y su esposo son fundadores del bufete Méndez y Araujo, cuyas oficinas fueron allanadas el 14 de agosto.  Así lo reportó entonces Matías Ponce, portavoz de CICIG: “En los allanamientos se realizó inspección, registro y secuestro de información; entre ellos el de las oficinas del abogado William Méndez”.

María de los Ángeles Araujo, Magistrada suplente de la CC

María de los Ángeles Araujo, Magistrada suplente de la CC

Desde ese despacho, según las investigaciones del MP, se delineó una estrategia para que Sinibaldi no fuera inculpado. Eso lo relató Aneliese Herrera Monterroso, exasistente del exministro y colaboradora del MP:

¿Cuándo sostuvo una reunión con los abogados William Méndez, Mario Méndez y Gustavo Estrada, estos influyeron en usted para evitar que usted diera información correcta al MP?

  • Sí, me dijeron que debía decir que todas las propiedades eran del señor Christian Ross, porque él ya estaba más que quemado, que no podía hablar nada del señor Sinibalidi y que no conocían a Juan Carlos Monzón.

El defensor de Méndez sostiene que el proceso judicial violó los privilegios profesionales de su patrocinado en cuanto al asesoramiento y no autoincriminación de sus clientes. “Es un mensaje peligroso para todo el gremio. Porque el mensaje es que el abogado ya no puede asesorar a su cliente sino que tiene que obligarlo a que confiese delitos que no ha cometido”.

De candidato a Fiscal General a sospechoso

William Méndez (Foto LinkedIn)

Mendéz se postuló en 2010 y 2014 al cargo de Fiscal General pero su candidatura no avanzó en ninguna ocasión. En 2014, organizaciones de la sociedad civil que monitoreaban el proceso de elección de Jefe de Ministerio Público (MP) vetaron su perfil y le acusaron de incurrir en prácticas de “retardo malicioso” en el caso de Las Dos Erres. Méndez representaba la defensa de cinco militares en retiro, así como de los patrulleros y especialistas acusados de ejecutar la masacre de al menos 200 pobladores. En dicho caso, el abogado presentó 31 amparos y sus acciones representaron un obstáculo para el avance del proceso penal.

Gabriel Wer, integrante del movimiento Justicia Ya, opina que la magistrada Araujo se encontrará en una posición incómoda al momento de fallar sobre asuntos relacionados con CICIG mientras su esposo sea acusado por esa misma organización: “se pone en duda la independencia de su cargo y debería de inhibirse de conocer cualquier resolución relacionada con la comisión”.

Aunque ConCriterio intentó entrevistar a la magistrada, las distintas comunicaciones a su teléfono, en días distintos no consiguieron respuesta. En una carta enviada a elPeriódico en abril de 2017, la magistrada Araujo escribió que ejercía sus funciones independiente no solo del bufete Méndez & Araujo, sino además de su esposo William Méndez, ahora señalado de orientar a un testigo a encubrir a un exministro prófugo de la justicia.

Méndez es identificado además como un abogado cercano al partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Un integrante de dicha agrupación contó que los oficios de abogado fueron claves para asesorar tanto a Álvaro Colom como a Sandra Torres durante su gestión, entre 2008-12. Ningún integrante de UNE respondió de forma oficial sobre el papel del jurista en el partido.