Pedro Muadi, presidente del Congreso de la República en el año 2013 y, preso desde hace 4 años 3 meses bajo cargos de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero, está a punto de enfrentar sentencia en el caso que persigue la creación de plazas fantasma en el Organismo Legislativo. El Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal Octavo de Sentencia Penal que se le imponga una condena de 35 años y una multa de Q4.4 millones.

El próximo jueves 13 de febrero el expresidente del Legislativo tendrá la última palabra ante el tribunal y antes que eso suceda, él grabó un vídeo difundido en las redes sociales para exponer su propia defensa.

Muadi atañe la culpabilidad a Claudia María Bolaños, exasistente suya y exadministradora de dos de sus empresas. Bolaños fue condenada ya en 2016 a 17 años de cárcel y una multa de Q4.6 millones por los mismos delitos por los que es juzgado el exdiputado:

“Sin mi consentimiento planificó y se benefició de recursos públicos a través de la contratación de personal, engañándome a mí y al Estado, utilizando mi nombre y mi influencia para enriquecerse. Esta persona laboró por varios años como gerente general y por consiguiente tenía a su cargo la gestión de las finanzas, aprovechándose de esto utilizó las cuentas bancarias depositando y firmando cheques para ganar dinero”

La historia de Pedro Muadi

Este es el resumen de la acusación y los abusos en el caso judicial en contra de Pedro Muadi

Alejandro Muadi, hermano del expresidente del Congreso sostiene el mismo discurso:

Las cuentas de mi hermano nunca recibieron un solo centavo, por qué lo van a acusar por algo que no cometió. A él de lo que lo acusan es de consentir que está señora haya hecho eso.

Ximena Toriello, exasistente de Muadi declaró  que él le ordenó que firmara cheques para pagar el salario  de empleados, quienes estaban a cargo del diputado. En tanto Bolaños dijo  que los cheques eran depositados en cuentas de expresidente del Congreso.

En la controversial grabación el expresidente Muadi señala que la Fiscalía basó su investigación en prueba falsa además de que durante todo este tiempo se le ha negado el arresto domiciliario.

“Fui acusado y enviado a prisión preventiva hace 4 años 3 meses a pesar de que me presenté voluntariamente. De los 31 sindicados en este caso soy el único que está detenido, no hay ninguna razón para que continúe este abuso de la prisión preventiva, es importante que esta práctica se detenga”.

Ante los planteamientos, Sandoval señala que los reclamos son aspectos que corresponden la judicatura:

Él ha realizado planteamientos en distintas judicaturas y el tribunal octavo tomó la decisión de que él se mantuviera en prisión preventiva, es una situación que no se la puede echarle la culpa a la fiscalía. Hemos corroborado si en sus peticiones se da el cumplimento del artículo 277 del Código Procesal Penal -variantes en el proceso- y en ese sentido nos hemos opuesto los órganos han decidido si otorgan o no la petición del interesado.

El fiscal considera que el caso está sustentado con prueba testimonial y documental, que incluye informes financieros y bancarios

De acuerdo con las investigaciones, Maudi contrató en el congreso a 32 agentes de seguridad que trabajaban para sus empresas, a ellos les dijo que les daría un incremento de salario pero que debían firmar en el Legislativo un contrato por Q8mil, de ese monto a ellos entregó Q2 mil como “incremento” a su salario en la compañía de su propiedad y Q6 mil iban a parar a sus cuentas personales.

El video en el que Muadi hace su defensa está siendo investigado por el MP sus abogados respondieron que la grabación se hizo en la Dirección de Mariscal Zavala con permiso de las autoridades, sin embargo el vocero de la institución dijo que se estaba determinando ese punto.