El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG),  revelaron en agosto 2017 los primeros pasos para luchar contra el financiamiento electoral ilícito de la campaña electoral 2015. Los primeros clientes sujetos fueron los Secretarios Generales de la UNE, LIDER y FNC-Nación, Orlando Blanco, Roberto Villate, y Jimmy Morales, ahora presidente de Guatemala.

El Comisionado de la CICIG, Iván Velázques, dijo  el año pasado que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la corrupción en el país, así también en 2015 durante la presentación de un informe sobre financiamiento dijo:

 “La manera como los partidos y los candidatos recaudan y  gastan los recursos abren la puerta al financiamiento ilícito”.

Pero este delito ha significado una complicación para el sistema de justicia del país:  “Se imagina lo complejo que es llegar al pecado original y llegar hasta el inicio de todo el problema que tenemos en Guatemala”.

Es la voz  del fiscal Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía contra los Delitos Electorales del MP, quien explica las dificultades con las que se han enfrentado.

“El financiamiento electoral ilícito es un entramado que acompaña los procesos electorales y partes de ese financiamiento deja rastro y otros no. La complejidad es seguir la ruta del dinero, los montos que se han dejado de informar al Tribunal Supremo Electoral y establecer cómo esos montos han afectado en el tema de financiamiento a Guatemala”

Vacíos en la ley e incomprensión del delito, es así como define Schaad el momento por el que atraviesan estos procesos.

 “Lo que nos ha tocado a nosotros es explicarle a los jueces de que realmente existe un delito electoral y cuando no comprenden el tema de la magnitud del delito electoral o no se convencen, con las pruebas nos ha tocado impugnar”.

Eduardo Galván, Juez pesquisidor en el proceso de antejucio de Orlando Blanco, diputado de la UNE, y exsecretario General de ese partido político en 2015, recomendó no retirarle la inmunidad al congresista, su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo Blanco señala que su partido enmendó lo señalado en los  reportados por el TSE, pero además, increpa que existen errores en la ley penal, en lo referente al artículo 407 sobre financiamiento electoral ilícito.

 “No se puede juzgar  de la misma manera, haber recibido dinero del narcotráfico, que haber hecho un mal registro contable de una persona que dio una aportación legitima”.

La Corte de Constitucionalidad resolvió que sí, existen inconsistencias en ese artículo que deben enmendarse e instruyó al Congreso  de la República para que lo haga,  por lo que fue creada una Comisión extraordinaria que durante cuatro meses  analizará las reformas a ese articulado. Ana Ely López Oliva, magistrada suplente del TSE:

 “La corte tiene razón en que se debe ser claro, pero queremos que el responsable sea el Secretario General, si no estaríamos haciéndole daño a la sociedad porque ellos saldrían en “caballo blanco” y terminaría sufriendo penas una persona que es un empleado”

“(…)Y la diferencia que no es lo mismo saber que viene del narcotráfico, que no haberlo inscrito en el libro, no puede aplicarse la misma cosa cuando son diametralmente opuestas.  Hay que aclarar el tema en cuando a la doctrina penal”.

En casos del financiamiento electoral ilícito los fallos  han sido contradictorios, en el caso del Presidente Morales, la pesquisidora, aunque de forma enredada recomendó retirarle la inmunidad al mandatario, más tarde el Congreso lo protegió. A Roberto Villate el juez pesquisidor recomendó que mantuviera su inmunidad, pero la Corte Suprema decidió que debe ser investigado. La moneda está echada al aire para Orlando Blanco; en tanto el Congreso, el más afectado con el financiamiento electoral es el mismo que deberá reformar la norma.

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