Carlos Contreras, el presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), presentó ayer un memorial ante el Ministerio Público (MP) para rechazar las últimas decisiones de la Fiscal General, Consuelo Porras, sobre el expediente que se sigue en torno a la pugna que se libra para controlar el Seguro Social.

La semana pasada, mediante un oficio firmado por ella y dos de sus asesores, la Fiscal General apartó a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de las pesquisas que apuntan hacia Leyla Lemus Arriaga, secretaria general y principal asesora del presidente Alejandro Giammattei. Y no solo eso: la Jefe del

Leyla Lemus, a la derecha del presidente Alejandro Giammattei.

MP frenó a un agente fiscal de presentar un antejuicio contra la funcionaria más cercana al mandatario.

“Me sorprende enormemente que los asesores emiten opinión jurídica sin conocer el contexto general del caso ni a profundidad la investigación” alega el presidente del Seguro Social en el documento, al cual adjuntó ese oficio remitido a la FECI el 8 de septiembre desde el despacho de la fiscal Porras. En este, los dos asesores de la Fiscal Porras señalan que el agente fiscal Carlos Alberto de León pudo incurrir en faltas administrativas porque solicitó fuera de tono información al Presidente de la República. Y además indican que es prematuro solicitar un antejuicio contra la secretaria de presidencia. Así justificaron separar al agente fiscal del proceso y transferir las investigaciones a la Fiscalía de Asuntos Trasnacionales.

Esa fue la reacción del despacho la Fiscal General a la carta que Lemus Arriaga envió para señalar al agente fiscal de intimidar al presidente Giammattei. “Consideramos que emitir un apremio donde se advierte al Presidente de la República de consecuencias penales es un apercibimiento innecesario e ilegítimo para con el cargo que el presidente Giammattei Falla representa” escribió la secretaria del mandatario en un oficio enviado al MP.

El agente fiscal ofreció una disculpa a la Secretaria de Presidencia, a la vez que explicó que fijó los plazos que la ley establece. Los asesores de la Fiscal General, no obstante, consideraron que la comunicación del investigador fue incorrecta y así lo escribieron: “al momento de requerir la información, debió actuar de forma respetuosa y cordial, conforme la alta investidura que tiene el Señor Presidente.”

Y ante la intención del agente fiscal de solicitar un antejuicio contra la secretaria de Giammattei, bajo sospecha de que cometió delitos, los asesores de la Fiscal General señalaron que era prematuro, aunque no expresaron argumentos.

Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva del Seguro Social.

El presidente del Seguro Social critica la decisión de la Fiscalía General en su memorial: “no existe ninguna norma específica que determine un procedimiento especial, cómo debe hacerse la comunicación o el texto que debe usarse para requerir información sea al Presidente de la República o a cualquier otro funcionario de alta jerarquía”.

A la queja de la Secretaria de Presidencia se unió también el Procurador General de la Nación (PGN), José Luis Donado, quien recibió la misma solicitud del agente fiscal de remitir información en los plazos determinados. “Lo solicitado por el colaborador de la institución que Usted dirige, pudo haber sido coordinado y entregado a través de comunicaciones entre nuestros despachos, tomando en cuenta la relación cordial que vincula a las entidades que representamos” escribió.

Tanto el Procurador General como la Secretaria Presidencial son señalados en la denuncia del presidente del IGSS de utilizar sus posiciones para promover su remoción en julio pasado. ¿La razón? Según Contreras los funcionarios coluden con empresas de medicamentos para retomar el control de compras y contrataciones del Seguro Social, el cual funciona ahora bajo un modelo distinto, asistido desde 2016 por la Oficina de Servicios para Proyectos de Naciones Unidas (UNOPS), el cual ha ampliado la participación de proveedores.

Carlos Contreras incluye en el memorial el oficio del Despacho General que: ordena investigación ante posible falta de agente fiscal, además indica que la solicitud de antejuicio es prematura.