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Funcionarios e instituciones del Estado rehúyen a la crítica y optan por callar a quienes cuestionan su trabajo o evidencian acciones dudosas de su gestión: periodistas y ciudadanos se quejan a través de redes sociales que se ha coartado su libertad de expresión, además de atropellar su derecho  de recibir información de las redes sociales públicas.

La semana pasada Marvin del Cid, periodista y presidente de la Asociación Artículo 35, dedicada a promover el respeto a la libertad de expresión, denunció en la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) su caso: el Registro Nacional de las Personas (Renap) lo bloqueó de sus redes sociales, lo cual impide que él tenga acceso a las noticias que comparte la institución.

Me había bloqueado el Congreso y el Renap, entonces decidí que debía presentar una denuncia porque ningún funcionario e institución puede bloquearte en redes sociales porque la información que ellos transmiten es de interés público y si lo hacen, te están vedando el acceso a la información y la libertad de expresión.

El periodista considera que quienes cometen este tipo de censura lo único que demuestran es poca tolerancia y opacidad a la rendición de cuentas.

Nueva denuncia

Muralles presentará una denuncia contra el Congreso por el bloqueo a su cuenta de Tuiter.

Lo mismo opina Eleonora Muralles, activista de derechos humanos, que también fue censurada por quiénes están a cargo de la cuenta de Tuiter del Organismo Legislativo. La ciudadana se sumará con una denunciar ante la PDH por la acción del Congreso.

Es una violación a  mi derecho de libre expresión, de repente me bloquearon por las críticas que hago frecuentemente al Congreso porque casi nunca se puede hablar bien de ellos.

La oficina de comunicación del Renap respondió a través  de un chat que el actual equipo de trabajo tuvo conocimiento de que Del Cid estaba bloqueado, por lo que se tomó la decisión de habilitarlo de nuevo. Así mismo contestaron que la institución es respetuosa y tolerante con los comentarios de los usuarios, aunque no están de acuerdo con quienes desprestigian a los trabajadores y utilizan palabras no adecuadas.

El equipo de comunicación del Congreso admitió, a través de un mensaje de texto, que sí han bloqueado usuarios cuando usan lenguaje ofensivo para referirse a la institución.

Insultos y descalificación

Muralles, quien mantiene el bloqueo en las redes sociales del Congreso, considera que guarda respeto en sus críticas, sospecha que el uso de una palabra incómoda para los congresistas motivó la suspensión de sus opiniones:

Lo que ellos podrían tomar como falta de respeto es que sí le he puesto que son parte del “pacto de corruptos”. Yo nunca pongo un insulto o algo fuera de lugar, pero sí cuestiono mucho la forma en la que llevan las iniciativas de ley, me opongo a la mayoría que proponen, pero es mi derecho como ciudadano.

Del Cid cree que incluso, cuando los mensajes suben de tono no se debe bloquear a los usuarios, sino  llamar al respeto, sin embargo considera que es complejo controlar estos aspectos en especial por el  uso de cuentas falsas.

“Se tiene que cuestionar al funcionario con drasticidad, pero evitar caer en los descalificativos, en la ofensa y humillación”.

Ministro poco tolerante

El funcionario bloqueó la cuenta de Vox Populi

Carlos Velásquez Monge, Ministro de Desarrollo Social, no soportó las críticas del sitio web Vox Populi, una plataforma de fiscalización del gasto público, cuando le cuestionó sobre un proceso de contratación. En el perfil del funcionario se lee “cuenta personal y comentarios propios, no institucionales”, sin embargo también ha sido un canal en donde comparte información del ministerio.

Velásquez bloqueó a los reporteros y al medio, así lo cuenta Sonny Figueroa, uno de los integrantes de Vox Populi:

Elaboramos una nota en donde señalábamos que el Ministro contrató a abogado del bufete de su papá como asesores legales de esa cartera; en Tuiter lo etiquetamos y la respuesta fue bloquear las cuentas. La lectura es que quiere evitar ser cuestionado.

Para esta nota se llamó al Velásquez pero no respondió a las llamadas.

Antecedentes

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de México resolvió restituir el derecho de un periodista que fue bloqueado por Fiscal General de Estado de Veracruz, con base al derecho de información.  La sentencia establece que el Fiscal General es una persona pública, incluso cuando deje el cargo, por lo que en ningún momento podrá restringir el acceso a su cuenta de tuiter, aun cuando sea su espacio personal, pero lo haya utilizado para comunicación pública. Los juristas tomaron como antecedente el fallo de la Corte del Distrito de Nueva York, que resolvió que la cuenta de Donald Trump, presidente de los EE.UU, es pública aunque empezó como privada  y que solo se harán restricciones con el fin de lograr interés colectivo.