En menos de un año el gobierno de la República ha prorrogado, en cuatro ocasiones, la entrada en vigencia del acuerdo 17-2020, Reglamento para la Contratación de un Seguro Obligatorio para terceros en el Transporte Colectivo de Pasajeros y de Carga.

El próximo 21 de agosto vencería la última prórroga, pero por presión de los transportistas hace un mes, y aunque no le competía por tratarse de un acuerdo gubernativo, Allan Rodríguez, presidente del Congreso, intercedió para que nuevamente la contratación del seguro se extienda hasta diciembre de este año. Edgar Guerra, Defensor del Usuario de Transporte de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos:

El presidente del Congreso recibió a los transportistas y se comunicó por teléfono con el presidente Giammattei en ese momento, lo puso en el altavoz y le dijo que iba a prorrogar seis meses más la entrada en vigencia de la ley.

Pero sea en agosto o diciembre, en redes sociales los transportistas hasta en el nombre de Jehová han dicho que darán batalla.  Rony Mendoza, miembro de la Asociación de Transporte Pesado, advirtió:

“Les aviso, les garantizo en el nombre del poderoso de Jehová de los ejércitos que el día que entre en vigencia el seguro obligatorio, vamos a paro nacional”.

A partir de la entrada en vigencia del reglamento los propietarios de estos vehículos deberán contratar una prima de seguro que indemnice muerte, lesiones o daños a terceros como resultado de un hecho de tránsito. Además de cubrir daños a la propiedad privada, pública o medio ambiente. La norma establece una tabla de valores y entre otros menciona:

  • 50 salarios mínimos por invalidez total o permanente
  • 50 salarios por ceguera absoluta
  • 50 salarios por pérdida de ambas manos o piernas
  • 15 salarios por la pérdida de un ojo
  • 25 salarios por sodera

También se cubrirá el tiempo de recuperación o incorporación a las labores con pago de entre 1 y 6 salarios mínimos.

La Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito, una organización civil que aboga por la entrada en vigencia del reglamento, señala en su página de Facebook que continuar prorrogando esta legislación solo deja más víctimas desprotegidas.

El Informe 2020 del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito (ONSET) reportó que en 2020 se registraron 493 muertos en 2 mil 227 hechos de tránsito y en 2019 la cifra fue mayor con 640 fallecidos, los hospitales del país señalan que la mayor carga de pacientes en sus áreas críticas son por accidentes de tránsito y violencia.

Paulo González de la Asociación de Taxis Blancos estima que en el país hay unos 50 mil vehículos que prestan servicio de transporte, y asegura que no se oponen a contratación del seguro, no obstante, presentaron una inconstitucionalidad:

“No podemos pagar la protección de otras personas si no protegen nuestra vida” Hace alusión a que la principal causa de muerte en el país es la violencia y que en ese sentido los pilotos están desprotegidos.

El taxista dice que si la Corte de Constitucionalidad no resuelve antes de la entrada en vigencia del reglamento la dirigencia accionará de otra forma:

Estamos planificando una manifestación a nivel nacional, ya estamos organizados 18 departamentos para un paro nacional, para que la Corte entre a conocer en definitiva porque dio un plazo de 15 días al Ejecutivo para que se pronunciara, y esos días vencieron la semana pasada.

Los transportistas apuntan a que la obligación de este seguro tendrá otras repercusiones:

Toda carga económica que se imponga a cualquier sector se va a trasladar a la canasta básica.

Se estima que el negocio para las aseguradoras será de unos Q600 millones anuales por la contratación de estos servicios.