Los titulares de prensa y las denuncias que recibió el Ministerio Público (MP) son el punto de partida de que aquello que no funcionó el primer año de administración del presidente Alejandro Giammattei. Hay sospechas que durante los primeros 12 meses de gobierno hubo corrupción en Ejecutivo. En campaña hacia la primera magistratura, el mandatario enfatizaba su promesa #6:

“Combatir la maldita y asquerosa corrupción será para nosotros una prioridad”.

La lista de casos bajo investigación es extensa. Stuardo Campo, jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción del MP, enumera:

Hemos recibido aproximadamente 10 denuncias: la compara de medicamento para combatir la pandemia. Se abrió investigación de oficio por dudas en la contratación de un seguro escolar, la posible comisión de delitos en el Insivumeh y posibles irregularidades en la Superintendencia de Telecomunicaciones.

Labymed es la empresa que llegó como donante con el gobierno y luego obtuvo la mayoría de contratos para la distribución de pruebas para Covid. El seguro escolar también se puso en duda por diputados, es año se pagaron Q94 millones.

En noviembre quedó al descubierto que el Insivumeh es feudo del diputado Jorge Silva de Prosperidad Ciudadana: no solo empresas vinculadas con él recibieron dos contratos por Q22 millones el año pasado, sino hizo emplear a sus familiares y amigos en la institución.

Diputado Jorge Silva, el Congresista que maneja el Insivumeh

 

 

El caso de la Superintendencia de Telecomunicaciones: entregó sin el debido proceso, 30 megahertz de una frecuencia a la telefónica Tigo.

Meses atrás el ministerio de Desarrollo Social compró galletas nutricionales por Q14 millones el trato tardó 30 minutos en cerrarse sin competencia.

Óscar Dávila Comisionado Presidencial Contra la Corrupción, señala cierra el primer año de administración con 16 denuncias ante el MP y la Contraloría General de Cuentas:

En algunas no es tanto la afectación al patrimonio general de la nación, sino otras conductas, pero en otras: compras sobrevaloradas y el Presidente  por solicitud nuestra mandó a dejar sin efecto eventos de licitación, pero presentamos las denuncias en grado de tentativa y hacemos acopio de lo que hubiera podido afectar al Estado y, en algunas son cantidades millonarias.

El fiscal Campo añade:

“Debemos recordar los señalamientos que se hicieron relacionados con la posible falsificación de la firma del exdirector de Caminos, la cual habría sido estampada en documentos relacionados con la transferencia de Q135 millones; además, se abrió una investigación por las posibles adjudicaciones a familiares del señor Fredy Chojolán”.

Las autoridades dijeron que los Q135 millones se transfirieron hacia otras unidades ejecutoras y el director fue destituido.

El fiscal señala que los hechos están en averiguación, pero algunos procesos quedan estancados, dice Campo, porque la Contraloría General de Cuentas no agiliza los informes de auditoría:

Constantemente se hacen las reiteraciones respectivas, estamos en comunicación con el Contralor General de Cuentas, como con los auditores gubernamentales; comprendemos que existe carga de trabajo, pero se realiza la labor de procuración para obtener esos informes.

La Contraloría no ha respondido esta ni otras consultas del pasado.

Ministros cuestionados durante la administración Giammattei

La promesa #7 del presidente Giammattei aludía a la transparencia:

Combatir la corrupción no solo va ser problema del Ejecutivo, sino vamos a apoyar al Ministerio Público y Organismo judicial para que seamos inclementes para que se piensen apropiar de los recursos que nos pertenecen.

Manfredo Marroquín, excandidato presidencial y fundador de Acción Ciudadana, tiene esta percepción:

Hay una alianza procorrupción e impunidad y todo lo contrario de lo que ofertó durante su campaña: lo que hizo fue un pacto de impunidad. El MP que traía la lucha contra la corrupción se perdió y hoy tenemos una institución pasiva.

Fredy Chojolán, exdirector de Caminos. Hay una investigación en curso por los Q135 millones transferidos a otras unidades.

De acuerdo con el fiscal Campo, la Comisión Presidencial Contra la Corrupción ha presentado 10 denuncias. A pesar de ello, Marroquín es crítico:

Son organismos que no tienen independencia ni recursos propios y dependen del epicentro donde se genera la corrupción.

El comisionado presidencial señala que también se trabaja en la prevención de la corrupción y este mes se publicará un acuerdo gubernativo de “conflicto de intereses” que buscar frenar el nepotismo en las instituciones y evitar la duplicidad de contratos en las instituciones.

“Algunas personas tienen contratos simultáneos en distintas entidades amparándose en el renglón 029 -que son asesorías- pero con este acuerdo no va a poder continuar esta mala costumbre. Tampoco se podrá la contratación de familiares cercanos o que han dejado en detrimento al gobierno en periodos anteriores”.

La medida aplicará para los trabajadores del Ejecutivo y que cada año deberán llenar un formulario donde indiquen si sus parientes han funcionarios. Además, la Comisión, se trabaja en un mecanismo para enmendar una circular que actualmente permite las compras fraccionadas en las instituciones.