Jorge Ovalle, extrabajador de un banco del país, se sorprendió cuando en 2007 inició el proceso de reclutamiento en la empresa  para optar al puesto de operador de caja.  Acudió a tres entrevistas previas y al cuarto llamado se sintió “acosado” pues la corporación ya poseía información personal suya. Sin embargo, decidió continuar con el proceso porque entendía que eran los requerimientos de un banco:

Hacen una prueba de polígrafo y realizan un estudio socioeconómico. Van a tu casa, le toman fotografías, entran, hacen un inventario de lo que tenés, si tenés televisión, cama, con cuántas personas vivís, quienes dependen de vos.

Les preguntan a tus vecinos qué hace cuánto vivís ahí.

Además, su información financiera era clave para obtener el empleo. La empresa sabía si él tenía créditos o  fue deudor, lo corroboran en la entrevista:

Te preguntan si tenés crédito en algún banco o deuda pendiente, en qué banco y cuánto es lo que debés.

En febrero de 2015 la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo en que prohibió a las empresas Infornet, DigiData y TransUnion, la comercialización de datos sensibles de los guatemaltecos. Estas compañías ofrecían el servicio de acceso a contenedores de amplios record de información personal de personas: récord judicial y financiero, entre otros.

Resolución 2015 de la CC que regula la venta de datos personales

 En su resolución la alta corte estableció que la venta de datos de una persona debe estar sujeta a que la misma sea proporcionada voluntariamente. En el caso lo permita, deberá tener derecho a actualizarlos y  a la confidencialidad entre otros puntos, de lo contrario quien negocio con los mismos podrían incurrir en responsabilidades legales.

Aunque la comercialización de  datos personales ya fue regulado por la CC, el diputado Ronald Arango, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, presentó un amparo ante el Centro de Justicia de Primera Instancia Civil para que se respete la resolución de la alta corte.

El congresista también busca que los empleadores se abstengan de solicitar información privada a  sus trabajadores o personas que buscan emplearse.

July Porras trabaja para una firma auditores. Cuando fue contratada,  el proceso de selección fue riguroso, pero ahora entiende que su posición exige que el empleado pasen por controles adecuados:

“El proceso de selección  puede incluso llegar a ser un poco molesto y puede uno pensar que están invadiendo su intimidad; sin embargo, al estar  del otro lado, ya en la empresa, se comprende la necesidad de que el personal que se contrata sea de total confianza, por el tipo de información que se maneja”