El Instituto de Sismología Vulcanología Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) parece que se convirtió durante el actual gobierno, en la sede adjunta y caja chica del partido Prosperidad Ciudadana (PC). En las elecciones 2019, esta organización política era dirigía por Edwin Escobar, exalcalde de Villa Nueva y excandidato presidencial de ese partido, pero ahora el control parece tenerlo Jorge García Silva, el único diputado que Prosperidad Ciudadana logró incluir en el Congreso.

El diputado ha sido aliado del oficialismo y ha jugado su papel. Es el hombre encargado de alterar la agenda, y hay dos momentos que lo comprueban:

  • El 18 de noviembre fue quien presentó una moción para que el Congreso entrara a conocer de inmediato el cuestionado y después anulado presupuesto 2021.
  • En febrero de este mismo año, García Silva también apoyó al oficialismo para cambiar la agenda. Pidió incluir un punto resolutivo para tomar acciones contra el coronavirus, pero con engaño incluyó en la misma solicitud reformas a la ley de ONG, cambios que fueron botados por la Corte de Constitucionalidad (CC).

Esta semana el Diario La Hora publicó una investigación en la que se revela que Outsourcing Total S.A, una empresa vinculada con el diputado García Silva, obtuvo dos contratos por Q22 millones para la compra de “Estaciones Meteorológicas y Sismológicas” pero un dato llamó la atención: su asesora en el Congreso, Sabrina María Veliz Castañeda -con un sueldo de Q22 mil -es, a la vez, asesora jurídica del INSIVUMEH, con un salario de Q20mil.

Las planillas de exintregrantes de Prosperidad Ciudadana también las paga el Estado.

Por ejemplo:

  1. Yeison Broderson Samayoa Velásquez quien devenga Q25 mil 625, ocupó la casilla uno del listado de diputados distritales de Quiché por el partido. Actualmente es el director del INSIVUMEH, y adjudicó Q22 millones a la empresa vinculada con el diputado.
  2. Además, el congresista García Silva, quien devenga mensualmente Q32 mil, ha trabajado en sociedad con Gustavo Adolfo Barrillas Padilla y esa relación nos lleva a otra plaza en el INSIVUMEH, se trata de su hermano: Emilio Barillas Padilla, vocero del Instituto.
  3. Un caso más se refiere a la esposa de Gustavo Adolfo Barillas Padillas, Andrea Bellugo Pozuelos, quien es también asesora del diputado García Silva y devenga un salario de Q20 mil.

 

El caso de los Q22 millones ya es investigado por la Fiscalía Contra la Corrupción. Stuardo Campo, jefe de esta fiscalía, dice que ayer fueron secuestraron las carpetas sobre estos contratos con la posibilidad de ampliar la investigación hacia estos vínculos entre personas:

Es parte de las diligencias que tendremos que realizar en los próximos días, poder confirmar esas vinculaciones y de qué forma pudo haber incidido en el beneficio indebido en relación de las empresas que se relacionan con estas empresas, pero en este momento tenemos información muy preliminar. Ayer decidimos abrir la investigación de oficio.

El vocero del INSIVUMEH y hermano de uno de los socios del diputado, no aparece en las planillas de la institución, el portavoz respondió a este medio que no ha sido contratado aún por la pandemia.

No obstante, Edwin Escobar, excandidato presidencial de Prosperidad Ciudadana denunció en el Ministerio Público este caso y comenta:

Si él está mencionado en la denuncia, yo tampoco he encontrado ninguna relación laboral con el INSIVUMEH pero aparece como vocero desde hace varios meses y lo que entiendo es que está de uno de estos contratos que tienen en la institución, lo que esto enseña es la relación y estructura que hay detrás de la adjudicación de estos contratos.

Sobre los Q22milllones contratados con empresas vinculadas al diputado García Silva, el propio vocero del INSIVUMEH informa que se han pagado Q12.3 millones.

“De las estaciones meteorológicas se ha pagado la cantidad de Q1,749,060.60 y se adeuda Q7,236,938.80. De las estaciones Sismológicas se ha pagado Q10,635,600.00 y se adeuda Q2,658.900.00”

Gustavo Adolfo Barillas Padilla, hermano del vocero, está vinculado al Casos Asalto al Ministerio de Salud, en que se investiga la contratación de 450 plazas fantasma e irregularidades en contratos por Q131 millones.