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Una nueva iniciativa de ley de tarjetas de crédito nace en el Congreso de la República. Su misión: regular este sistema de financiamiento en Guatemala, el cual, según su ponente, el diputado Ronald Arango, maneja una cartera de Q15 millardos anuales sin regulaciones. La propuesta se presenta 3 años después de que con 112 votos los congresistas aprobaron una ley para regular este mercado. Una legislación que nació pero murió sin surtir efecto gracias a apelaciones que finalmente, en diciembre pasado,  la Corte de Constitucionalidad (CC), acogió y dejó sin efecto jurídico la norma debido a errores de procedimiento en su aprobación.

Entre los puntos que se destacan de la nueva iniciativa se encuentran:

  • El servicio será regulado mediante contrato

  • Los emisores deben evaluar la capacidad de pago del usuario.

  • Las empresas estarán obligados a proporcionar la información a la Superintendencia de Bancos para fines de análisis crediticios; y prohíbe la divulgación de la misma.

  • Cuando el tarjetahabiente incurra en mora o considere no poder pagar en la forma programada, podrá solicitar la reestructuración de la deuda. La cuota mensual no debe exceder el 20 por ciento de sus ingresos mensuales .

Sobre las tasas de  interés, la iniciativa propone:

  • Los intereses serán calculados sobre el saldo de capital financiado y por los días en que hubiere sido utilizado hasta la fecha de corte. Se podrán pactar tasas de interés fija o variable.

  • Cuando proceda el cobro de intereses, serán calculados diariamente sobre el cálculo del capital financiado, por los días en que hubiese sido utilizado el crédito después de la fecha límite de pago.

  • El contrato no puede cambiarse sin consentimiento de las partes.

  • Los intereses no podrán capitalizarse en ninguna forma sin la debida autorización del tarjetahabiente.

  • El recargo por mora se calculará sobre el monto de capital en mora.

  • La tasa de interés por mora será equivalente a un porcentaje sobre el saldo, el cual no podrá exceder a la tasa de interés por financiamiento pactada.

  • El seguro tendrá que ser acordado, y no podrán cobrarse comisiones, servicios adicionales u otros cargos.

En 2015 las inconformidades a la ley fueron dirigidas por la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y empresas emisoras de tarjetas de crédito, quienes argumentaron que se limitaba el acceso a los créditos.

Con Criterio buscó la postura de la Asociación de Emisores de Tarjetas de Crédito; sin embargo una persona del área administrativa dijo que desconocían la nueva iniciativa y que el presidente se encuentra de la organización se encuentra fuera del país.

En 2015, Roberto Fuentes, de laAsociación de Emisores de pago expresaba el riesgo de aquella ley: El artículo que afecta es la determinación de la tasa máxima que se puede cobrar, porque está muy por debajo de los costos de operación, calculamos el efecto en las clases de límites bajos, los cuales por el costo de riesgo crediticio se verán afectadas.

Eduardo Velásquez, economista de la Universidad San Carlos,comentó que la ley se convierte en un instrumento que protege al usuario:

Porque han existido abusos con relación a cobros, en muchos casos la tasa de interés que cobran es elevadísima. Entonces cuando se hable de libre mercado, tiene que funcionar tanto cuando existe escasez y abundancia, y la tasa de interés es un reflejo de eso.

En la iniciativa además se establecen 5 delitos:

  • Clonación

  • Manipulación de datos

  • Aprovechamiento de tarjeta de crédito clonada

  • Uso fraudulento .

  • Estafa por medio de tarjeta de crédito o débito,

  • Todas con penas máximas de 10 años y multas hasta de medio millón de quetzales.