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El presidente Jimmy Morales apareció ayer público, después de  prohibir, a través de una carta, la entrada al país a Iván Velásquez, Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El mandatario, acompañado por integrantes del Consejo Nacional de Seguridad, anunció que respetará hasta septiembre 2019 el mandato de  la comisión y aprovechó para reiterar:

  “Como Presidente de la República de Guatemala el articulo 183 literal “A” me manda a cumplir la ley y es lo que estoy haciendo. Así mismo, nuestra máxima ley me faculta a no obedecer órdenes ilegales”

Su discurso lo pronuncia justo cuando la Corte de Constitucionalidad debe resolver por lo menos 8 acciones legales presentadas por distintos sectores,  que buscan revertir sus dos últimas decisiones: no prorrogar el acuerdo con CICIG y prohibir la entrada a Guatemala a Velásquez.

Esta vez, a diferencia del viernes, el mandatario no fue acuerpado por militares y policías. En cambio por funcionarios civiles, entre ellos Jorge Luis Donado, Procurador General de la Nación,  quien en la conferencia de prensa mencionó:

 En muchos de los planteamientos que dentro de las diversas acciones que se han promovido por las decisiones tomadas en el ejercicio de las funciones, nos hemos manifestado en cuanto a la extralimitación evidente por parte de algunos de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad a la hora de resolver.

Carmen Aida Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, considera preocupante la posición de Morales.

 “Están como anunciando que habrá una acción de parte de ellos, frente a situaciones que, a criterio de ellos, consideren ilegales y eso es lo más preocupante”

Phillip Chicola, analista político, cree que el desacato a una orden del máximo órgano de justicia sería el equivalente al rompimiento del orden Constitucional.

“Me parece terrible, porque al final del día son los órganos judiciales los que deciden si una actuación es legal o no, entonces, si hay una resolución de una Corte, esa es la calificación de legalidad,  y cumplir con ellas es una de los elementos centrales de la República. Yo no puedo desacatar solo porque no estoy de acuerdo con ella, sería una transgresión a los principios del estado de derecho”

Julio Prado, exfiscal del Ministerio Público, calificó q grave las palabras  que envía Morales.

 A partir de ahí es donde uno encuentra el conflicto con el discurso del Presidente de manera más grave, porque uno lo que espera de los funcionarios es que se sujeten a la ley. Eso deriva en caos y anarquía y no se puede permitir que un poder mencione que no va a obedecer resoluciones judiciales”

En la conferencia de prensa la canciller Sandra Jovel, entre los funcionarios civiles que acompañaban al mandatario, mencionó que la Cicig se convirtió en una estructura paralela a  imagen de los aparatos que estaba destinada a combatir. Señaló, además, manipulación de casos del pasado y al igual que el presidente arremetió contra la Organización de Naciones Unidas, ente rector de la Comisión.

El secretario general de las Naciones Unidas y su equipo ignoraron las preocupaciones del gobierno de Guatemala, tanto respecto a la interpretación, como su aplicación”.

Ayer, a través de su cuenta de Tuiter, Juan Francisco Sandoval, Jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) reclamó que no se había autorizado visas de trabajo a al menos  50 colaboradores de la  Comisión, y así respondió Jovel:

Las visas se estarán otorgando en el momento que se lleve a cabo el procedimiento. No ha habido ninguna interferencia con relación a ese tema.

Sobre los carros artillados que circularon en sedes de la CICIG y de la embajada de los EE.UU, el ministro de gobernación, Enrique Degenhart, dijo: lo que el día viernes se dio es un patrullaje normal.

Kamilo Rivera, Viceministro de Gobernación, en tanto, dijo que los operativos se han desarrollado por cuatro días y según él obedecen a amenazas de pandillas.