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El pasado 30 de octubre, al despacho de Abel Cruz, Superintendente de Administración Tributaria (SAT), llegó una misiva cuyo remitente es Juan Ramón Lau, quien firma como diputado presidente de la “Comisión de la Verdad” a la que describe como cuerpo “especifico de investigación” del Congreso de la República, pese a una sentencia de la Corte de Constitucionalidad prohibió investigar desde el Congreso a CICIG. Las solicitudes del diputado son tres:

  1. Listado de personas de la institución que colaboraron con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICGI) en la realización de análisis financieros o cualquier otra gestión; se requiere: nombre y cargo del trabajador y el marco legal mediante el cual prestó la colaboración a la misión internacional.
  2. Así mismo, Lau pide que se informe si existió algún convenio de cooperación, firma de cartas de entendimiento o acuerdo de colaboración institucional entre la SAT y CICIG.
  3. En caso afirmativo, se adjunte copia del documento suscrito.

ConCriterio intentó obtener explicaciones de los miembros de dicha comisión; sin embargo, no fue posible contactar a Juan Ramón Lau, firmante de la solicitud dirigida a la SAT y presidente de la llamada Comisión de Verdad. El diputado se ausentó este lunes de las audiencias de dicho órgano, el único de sus integrantes que escuchó a quienes tienen quejas contra CICIG fue el diputado reelecto, Manuel Conde del PAN, sin embargo, al abordarlo evadió los micrófonos:

Fíjese que no gracias, le agradezco.

No hubo respuesta al porqué la “Comisión de la Verdad” solicitó los nombres de funcionarios de la SAT que colaboraron con CICIG.

“Es persecución, pero no política”

Algunos extrabajadores de la entidad que declinaron de participar en esta nota señalan que son víctimas de persecución por haber emitido informes en apoyo a investigaciones penales. Fernando Linares Beltranenta, uno de los diputados que ha participado en las rondas para escuchar a familiares de señalados de casos de corrupción, al respectó comentó:

Totalmente es una persecución, todos tenemos derecho a perseguir; la persecución es válida, claro que no es un persecución penal o ilegal, pero sí es necesario quiénes fueron afines o se vendieron a la trinca de esa época: exembajador Todd Robinson, exfiscal Thelma Aldana e Iván Velásquez. Y si ellos creen que no son culpables, que lo expliquen.

Enrique Álvarez, diputado de Convergencia, considera peligroso la forma en la que está actuando dicha comisión y más cuando hay una sentencia de la CC que determinó que el congreso no tiene facultades investigativas:

Las solicitudes que hizo CICIG, seguramente estaban avaladas por el Ministerio Público (MP), no veo porque se tiene que hacer alguna selección de tipo personal y es comprensible que las personas se sientan preocupadas.

Juan Francisco Solorzano Foppa, exsuperintendente de la SAT, no recuerda que durante su administración como jefe de la institución se firmara algún compromiso con CICIG, aunque afirma que hubo requerimientos de información:

En SAT no atendíamos requerimientos directos de CICIG, por lo general provenían del MP a través de las distintas fiscalías y fueron completamente legales, por lo que no creo que encuentren algo. Lo que están intentando es tratar de mandar un mensaje a los funcionarios de que supuestamente los van a poder perseguir, pero eso tampoco es cierto, es un show mediático.

El 7 de octubre la CC dejó sin efecto la comisión creada en el Congreso para Investigar las actuaciones de CICIG, 7 días más tarde el congreso suprimió el acto de investigar y creo la llamada “Comisión de la Verdad” que como la misma misiva lo indica mantiene su carácter investigativo.