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Embajador Stephen McFarland*

El arresto del candidato presidencial guatemalteco, Mario Estrada, junto con Juan Pablo González, el 17 de abril en Estados Unidos, bajo sospecha de tráfico de drogas, tiene grandes implicaciones para la política de Estados Unidos hacia Guatemala y el “Triángulo Norte” de Centro América. El Departamento de Justicia sostiene que en 2019, Estrada, quien ocupaba el 6o. lugar en intención de voto según la encuesta de Prensa Libre (publicada la primera semana de abril) intentó obtener el apoyo del cartel de Sinaloa para financiar su campaña y para asesinar a rivales suyos, candidatos a la Presidencia de Guatemala, en las elecciones generales de junio próximo. A cambio, según la acusación de la Fiscalía de Nueva York, el candidato prometió que, al ganar la Presidencia, permitiría al cartel de Sinaloa el uso de puertos marítimos y aéreos de Guatemala para traficar cocaína hacia Estados Unidos.

Si la acusación es cierta –y el mismo Departamento de Justicia apropiadamente señala que Estrada y González gozan de la presunción de inocencia– entonces:

  1. Estados Unidos evitó el intento de “captura del Estado” de Guatemala por parte de un cartel de drogas.
  2. Estados Unidos interrumpió los esfuerzos por manipular las elecciones de Guatemala 2019 a través de asesinatos y dinero del narcotráfico. Dichos planes hubieran provocado una enorme inestabilidad en el país centroamericano, aún más inseguridad y un agudo incremento en la migración hacia Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia, aún es latente la amenaza contra uno de los candidatos a la Presidencia.
  3. Todavía existe la amenaza de que dinero del narcotráfico financie y afecte las elecciones en Guatemala. Seguramente el gobierno norteamericano se estará preguntando si de lo que se acusa a Estrada es un caso aislado o si existen otros. Este riesgo es una de las razones por las cuales la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) –la fiscalía anticorrupción auspiciada por Naciones Unidas y apoyada por Estados Unidos y Guatemala hasta 2018– aceptó cooperar con el Tribunal Supremo Electoral guatemalteco. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las acusaciones dentro y fuera de Guatemala de que la CICIG – que trabajó de cerca con la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos durante el tiempo que fui embajador en Guatemala – representa una amenaza al proceso electoral, son infundadas.
  4. La cooperación de Estados Unidos en el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley juega un papel crucial en el apoyo a los jueces y fiscales de Guatemala. La reciente decisión de Estados Unidos de cortar la asistencia a Guatemala (a Honduras y El Salvador) socava los intereses de los estadounidenses en apoyar la democracia y la lucha contra el narcotráfico y en disminuir la migración. Por el contrario, la suspensión de apoyo favorecerá al crimen organizado, las pandillas y la corrupción.
  5. Dentro del marco de cooperación con Guatemala, los Estados Unidos debe seguir apoyando los esfuerzos para garantizar la integridad del proceso electoral en Guatemala y para asegurar que el crimen organizado no pueda comprar su acceso al poder. Elecciones libres y transparentes son fundamentales para mejorar las oportunidades de progreso de los guatemaltecos, lo cual reducirá la necesidad de migrar hacia Estados Unidos. Las elecciones también son significativas porque toman lugar en medio de un intenso debate sobre si Guatemala debe continuar las políticas contra la corrupción. Ya algunos políticos y empresarios guatemaltecos han optado por oponerse a la campaña anticorrupción del Ministerio Público y de la CICIG. El problema es que una merma en esta lucha le da más oportunidades a los carteles que trafican drogas a los Estados Unidos.

Los Estados Unidos no encontrará una posición “neutral” en este tema ni en Guatemala ni en ningún otro país de América Latina, y debe tomar una decisión que respalde la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos a través del apoyo al Estado de Derecho en la región. La soberanía de cada país tiene que respetarse, pero también hay que tener en cuenta que estos problemas son trasnacionales y nos afectan a todos. Un factor positivo es que las encuestas afirman que los pueblos de los países del Triángulo Norte, al igual que los Estados Unidos, reclaman mejor seguridad y Estado de Derecho. Para proteger a sus ciudadanos, los Estados Unidos debe utilizar su influencia y sus herramientas ya probadas: apoyo a la CICIG, a jueces, fiscales, unidades policiales y a la sociedad civil; profundizar las investigaciones de la DEA y demás agencias policiales norteamericanas; cooperación con los gobiernos de la región; incrementar las sanciones contra individuos bajo la ley Magnitsky y otras; además de mantener los programas de desarrollo de la USAID y el Departamento de Estado.

  • Stephen McFarland fue embajador de los Estados Unidos en Guatemala de 2008-2011.También fue ministro consejero y encargado de negocios en Guatemala de 2000-2003, y consejero político en El Salvador de 1988-1990; trabajó además en Iraq, Afganistán, Colombia, el Perú, y Venezuela. Estas son sus opiniones personales.

(Esta es una traducción actualizada del artículo original en inglés)