Las reformas a la ley de ONG aprobadas por el Congreso de la República el 11 de febrero, sancionadas hace 07 días por el presidente Alejandro Giammattei y suspendidas por la Corte de Constitucionalidad (CC) tan solo tres días atrás, siguen un camino de controversia: pese a que la CC dejó en suspenso la norma, el presidente aseguró que está cobrarán vigencia el próximo viernes.
La postura del Ejecutivo es que la alta Corte “dejó en suspenso el acto de aprobación por parte del Congreso en la sesión plenaria del 11 de febrero”, el mandatario señaló además que no es su culpa que haya pasado el momento jurídico, al referirse a que el fallo constitucional se dio después de que él avaló la ley.
Manfredo Marroquín, socio fundador de Acción Ciudadana, una de las organizaciones que accionaron por la aprobación dijo:
Me extraña la obsesión del presidente con este tema habiendo tantos problemas que son prioridad nacional y también es extraño como el actual Congreso está retomando la agenda que dejó inconclusa la legislatura pasada.
El documento que hasta hoy está en suspenso, deberá recibir un fallo en definitivo de la Corte, uno de los caminos que podría tomar es que se conmine al Congreso a corregir los puntos por lo cual se frenó: libertad de asociación, seguridad jurídica y al debido proceso.
Juan Carlos Rivera, diputado de la bancada Victoria, cree que si la norma regresa al Congreso debe ser archivada, pues considera que ya existe legislación en materia de transparencia de las ONG; además, que solo se amplía la burocracia y otro punto:
Uno de los artículos que más preocupa es la forma de cómo un ministro puede cancelar una ONG. El derecho a manifestación es un derecho que debe estar vigente. (320) La palabra “que altere el orden público” quién va a definir cuándo hay alteración, es discrecional y en cualquier momento se puede usar para la cancelación de asociaciones.
De 2009 a 2012 la Contraloría General de Cuentas presentó denuncias penales contra 41 ONG por mal manejo de fondos públicos de Q417 millones. Esa debe ser la vía adecuada señala el diputado Rivera:
Las ONG que reciben fondos del extranjero, son donaciones privadas y al igual que cualquier empresa puede hacer transacciones privadas y no existe un procedimiento para inscribirse en el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando uno es empresario y hace transacciones financieras; ahí la Superintendencia de Bancos debe seguir la ruta del dinero para ver si por ejemplo no hay lavado de dinero.
El diputado Cristian Álvarez del bloque Creo dice que él particularmente dará “batalla por la defensa de la libertad de asociación”, considera que una norma no puede decidir que organización sí y cuál no; sin embargo, señala:
Uno no puede cerrar los ojos de que hay un montón de ONG que no le rinden cuentas a nadie y que reciben dinero de cualquier lado. Acá lo importante es que si le piden explicaciones de dónde está recibiendo dinero, que tenga la obligación de darlo, pero no que sea cancelado por que no le gusta el financiamiento para ciertas ideas, aquí hay que defender la libertad, sobre todo.
Karina Paz, diputada de la UNE, considera que si esta ley regresa al pleno deben respetarse dos puntos:
“Que no restrinja la reunión o expresión de los ciudadanos y que se respete y quede claro que no se puede fiscalizar fondos que no son públicos; porque ahí se limita también la función privada”
Entre 2009 y 2012 informes de la Contraloría detallan que se impuso sanciones a ONG por Q47 millones, formulación de cargos por Q449 mil.