Recibe los #ReportesConCriterio de Henry Bin, directo en tu buzón.

En las ultimas semana, y desde diversos frentes, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) ha debido enfrentar una serie de batallas políticas que buscan una ofensiva contra el actual sistema de compra de medicamentos.

Carlos Contreras, presidente de la Junta Directiva IGSS, cree que se trata de una disputa por el negocio millonario de medicamentos para la atención de pacientes con insuficiencia renal, que anualmente representa contratos por Q400 millones.

A la fecha, el mecanismo de compra de medicinas por el Seguro Social se realiza a través de convenios con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), lo que le ha permitio al Seguro Social ahorrar Q1.7 millardos en las últimas compras, pero las acciones por retornar al modelo antiguo son evidentes, señala Contreras:

“Hay un enorme esfuerzo por desprestigiar la compra y decir que es de mala calidad, pero nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún medicamento”.

Frente a las acciones que buscan revertir el modelo de compra de medicinas, el directivo del Seguro Social señala que ha intentado obtener audiencias con el presidente electo Alejandro Giammattei para comunicar la evolución y beneficios que ha tenido la institución bajo este mecanismo, sin embargo, no ha logrado ninguna respuesta.

En las últimas semanas un ejército de 60 auditores de la Contraloría General de Cuentas, han iniciado, sin mayores explicaciones, un proceso de auditoría externa en el IGSS. Coincidentemente, hay sospechas de que una mujer cercana a Giammattei pueda tener incidencia en esas acciones.

Leyla Lemus Arriaga acompaña al presidente a todas sus actividades. Foto: gobierno electo.

La mujer al lado de Giammattei

Se trata de Leyla Susana Lemus Arriaga, una doctora en derecho graduada de la universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien será la figura más importante en el asesoramiento legal al lado del mandatario electo, y a quien Giammattei ha designado como la Secretaria General de su gobierno.

Lemus Arreaga es una abogada con alta influencia en la Contraloría General de Cuentas, ya que durante 4 años fue la directora de asuntos jurídicos. Antes de llegar a la institución fungió como directora administrativa-financiera de Fonapaz, cuando Jairo Flores, actual diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) dirigía ese Fondo. En aquella época, la excontralora Nora Segura era encargada de Recursos Humanos y auditora interna en Fonapaz. Durante la gestión de Segura en la Contraloría, Lemus Arriaga llegó al ente contralor y:

-Por ella pasaban todos los proyectos de denuncia e informes de cargos y los requerimientos de reintegros de recursos financieros, y ella opinaba sobre la procedencia o improcedencia, dijo un extrabajador de contraloría que declino de ser mencionado en esta nota.

El presidente del IGSS ve que los tiempos de llegada de Lemus Arriaga con el gobierno electo coinciden y que su influencia en el entre Contralor puede ser parte de las sorpresivas auditorias extraordinarias en el Seguro Social.

 “En efecto hay coincidencias, pero sabemos lo complejo que es la Seguridad Social”, apuntó Contreras.

¿Cuál sería el interés de Lemus Arriaga sobre el IGSS?

La abogada designada Secretaria General a la vez que se sienta al lado del presidente electo tiene vínculos con una empresa internacional de medicamentos llamada Nipro Medical Guatemala que paradójicamente ofrece “tratamiento integral de las afecciones relacionadas con la enfermedad renal”, según la descripción de su página en internet. Así lo comprobó ConCriterio con una llamada telefónica a la corporación en la que una recepcionista respondió que actualmente la abogada asesora a la compañía:

La licenciada Leyla Lemus ¿aún labora para Nipro Guatemala?

-“Sí, pero ella es un agente externo. Entonces no está en la oficina y solo viene muy de vez en cuando”.

ConCriterio, además, tuvo acceso a los listados de empresas que participan en las convocatorias que UNOPS realiza con las farmacéuticas y Lemus Arriaga aparece en ellos como representante legal de la compañía. Así mismo, en uno de los documentos UNOPS solicita a Nipro que aclare la relación de Lemus Arriaga con entidad a lo que la empresa respondió: es una relación contraactual de servicios profesionales.

Admite relación con casa médica

Lemus Arriaga, en una comunicación telefónica admite que ha representado legalmente a Nipro, pero se desvincula actualmente con la casa médica, pese a que en la compañía la recepcionista afirmó que en ocasiones la abogada visita esas instalaciones:

 “Fui abogada y no solo de esta empresa, yo soy abogada de litigio. Desde principios de 2015 que no trabajaba para la administración pública, asesoro clientes y no considero que eso sea algo ilegal. Nipro no provee de medicamentos hasta donde yo sé -en su página dicen que ofrecen tratamiento para personas con afecciones renales- pero yo no podría hablarle de ese particular”

Sobre la influencia suya en el Contraloría General de Cuentas para ejecutar acciones en el Seguro Social, la abogada sonrió con ironía y dijo:

“Son planteamientos totalmente infundados”.

La abogada es la directora del bufete de jurídico “Estrategias Legales” cuyo enfoque va dirigido a:

Asesoría en contrataciones públicas y manejo de legislación del sector público en general.

Enfoque principal en el diseño de estrategias en gobiernos corporativos privados, entre otros servicios.


Lemus Arriaga es una experimentada abogada con un amplio recorrido profesional en distintas institucione públicas, fue:

  • Directora de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas durante 3 meses de 2010.
  • Directora de Legal de Gerencia en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social entre 2008 y 2010.
  • Agente fiscal del Ministerio Público (MP) por 11 años, entre 1993 y 2004 en investigación criminal y litigio penal.
  • Subdirectora del Programa de Protección a Testigos del MP

Además, estuvo sujeta a proceso penal en 2009 a requerimiento de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que la acusó de incumplimiento de deberes cuando laboraba en la Unidad de Protección de Testigos,. El caso fue sobreseído.