El viernes cayó la lluvia sobre el entramado de personas que se sospecha participaron en la aprobación y contrucción del Libramiento de Chimaltenango, la “mega obra” que el expresidente Jimmy Morales anunció con bombos y platillos, pero que las primeras lluvias del invierno, vio sus taludes desmoronarse.

Los capturados son funcionarios del ministerio de Comuniaciones y de las empresas involucradas en el proyecto.

Las compañías que construyeron: Constructora Nacional S.A (Conasa) involucrada en 2017 en un caso de sobornos en el minsterio de Comunicaciones y Renova Ingenieros. La obra costó Q528.7 millones y hoy, a 14 meses de su inauguracción, requiere ser reparada.

Mientras se deducen las responsabilidades por la vía penal, Comunicaciones pretende llegar a un acuerdo con las empresas: que inviertan Q15 millones para reparar el área y lograr que la carretera funciones, Fredy Chojolan, director de Caminos:

Nosotros le estamos dando seguimiento a través de las áreas técnicas. Si  le quitamos –dinero-, entramparíamos el sistema. Entonces  que nos propongan los métodos a utilizar en ese monto para hacer los trabajos y dejar estabilizado ese tramo para evitar riesgos a futuro. (115) Lo que buscamos es que se haga una obra de Q15 millones en los puntos críticos donde se han tenido los derrumbes para estabilizar esas áreas del tramo para evitar que tengamos problemas a futuro.

El director de Caminos señala que la obra no será recibida oficialmente hasta se deliberen los procesos administrativos y exista dictamen del Ministerio Público (MP).

Lo que se busca es que la carretera pueda operar sin cierres constantes.

Stuardo Campo, fiscal a cargo de la investigación, señaló que el proceso para recuperar el daño o cobrar la obra de mala calidad, es separado de la investigación y el ministerio de Comunicaciones puede establecer acuerdos:

“Desde mi punto de vista, es totalmente independiente, no tiene ninguna incidencia que ellos lleguen a algún acuerdo, lo que llamaría la atención es que los representantes legales de estas empresas tienen orden de captura, pero al final de cuentas, es un proceso totalmente ajeno al tema jurídico”.

Miriam Portillo, comunicadora de Conasa:

El equipo técnico está  a la espera de la convocatoria que hagan las autoridades para tratar el tema y al evaluar los aspectos, financieros, técnicos y legales, la empresa podrá emitir un informe.

Se intentó comunicación con Renova Ingenieros, pero no fue posible. Portillo, pese a que niega tener relación y dice que solo labora para Conasa.

Uno de los puntos de investigación es la compra la terrenos por donde pasa la carretera. La compra-venta, la hizo la empresa y no el Estado, como correspondía. El fiscal Campo explica:

Hubo una delegación de una función pública: la empresa Conasa adquirió por concepto de comisión Q13 millones, es una delegación de funciones lo cual está prohibido por el artículo 154 de la Constitución Política.

Sobre esto la comunicadora de la compañía dice que fue porque la empresa tenía su logística instalada en el lugar:

Este es un proyecto nuevo donde se adquirió el derecho de vía. Estamos hablando entre 600 y 700 personas a las que se les compraron las tierras, eso hizo que el proyecto subiera de costo.

El proyecto tiene una extensión de 14.5 kilómetros, el área construida por Conasa es de 12 kilómetros. El resto estuvo a cargo de Renova Ingenieros, el área que presenta daños es de unos 800 metros.