Han pasado 7 meses 15 días desde que el automóvil donde viajaba Nelson Olivero, embajador de Guatemala en México, atropelló a dos mexicanos y dejó a 6 más con graves lesiones, cuando su vehículo, que transitaba por el cruce de la avenida Revolución y Holbein, en la alcaldía de Benito Juárez de aquella ciudad, perdió el control.

El piloto del diplomático, Eduardo Valerio, quedó en libertad bajo fianza en junio pasado. Del embajador de Guatemala solo se supo que estuvo hospitalizado por lesiones leves; sin embargo, con el transcurso del tiempo se desconoce qué fue de él y qué papel juega Guatemala en el proceso penal abierto en aquel país.

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El nombre del embajador desapareció de la lista de diplomáticos en la misión mexicana; al cierre de la nota, el Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió sobre el tema. Pero el pasado 27 de diciembre, la Cancillería contrató por Q141 mil un servicio de asesorías jurídicas “para la fase intermedia de investigación, derivado del accidente de tránsito en donde se vio involucrado el vehículo de la embajada de Guatemala en México”. No hubo explicación sobre las intervenciones del Guatemala en el proceso judicial.

El año pasado el periodista mexicano Joaquín López Dóriga, entrevistó en su programa a Gerardo Flores Muñiz, hijo y hermano de las dos víctimas mortales.

Fui a la fiscalía para ver cómo estaba la situación jurídica, me habló el representante de la Embajada de Guatemala, que querían resarcir los daños, pero yo no estoy en la posición de lucrar con mis seres queridos. Mi abogado me dijo que había que seguir el proceso y que se iba a buscar justicia apegada a derecho.

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El deudo cuenta que pudieron observar grabaciones presentadas por la fiscalía y se observa que el vehículo iba a exceso de velocidad y perdió el control. Del automóvil descendió el embajador de Guatemala:

Se ve claramente como baja por su propio pie resguardado por 4 policías y lo suben a una patrulla en lugar de a una ambulancia. 

Gabriel Orellana excanciller de Guatemala comenta:

Yo no sé si México obliga a las embajadas acreditadas a que contraten un seguro a favor de terceros. Otros países donde no existe esa obligación legal lo hacen por precaución y por política de los gobiernos; en este caso se deduce que Guatemala no tenía seguro y que la demanda va entablada contra nuestro país por las familias de las víctimas.

Orellana señala que una práctica criticada es que cuando existen escándalos diplomáticos, las embajadas protegen a sus delegados:

Hubo que trasladarlos del lugar donde estaban y se ha manejado con complicidad y silencio.

Las personas que murieron son: Irma Muñiz de 79 años y su hijo Everardo Flores Muñiz. Seis personas resultaron heridas, entre ellas una estudiante francesa.