La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) investiga bajo sospecha de corrupción un nuevo caso que involucra a la telefónica TIGO y a las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) del Ministerio de Comunicaciones. El 30 de diciembre, la SIT otorgó a la compañía 30 de 90 megahertz de la frecuencia 4G para telefonía móvil. Tigo los recibió sin competir en una subasta.

Antes, el 23 de diciembre, el exdirector de la SIT, José Monterrosa, fue destituido. El exfuncionario denunció que él se negó a firmar esa concesión y, a raíz de ello, fue víctima de coacción y amenazas de parte de Rodolfo Letona, viceministro de Comunicaciones. El funcionario rechazó el señalamiento y explicó que el cambió se debió a razones técnicas: Monterrosa es abogado, mientras su sucesor Marco Batén, es ingeniero con experiencia en Telecomunicaciones.

Monterrosa apuntó que la concesión a Tigo va en detrimento de los intereses del Estado: según sus cálculos el país dejó de percibir US$1 millardo.

Antecedentes

En 2012 Guatemala empezó a ordenar las frecuencias para la banda 4G -internet con mayor potencia- y debió mover a los canales de televisión -audio y video- de la frecuencia 700 a la 600.  Una jugada de Tigo le permitirá permanecer en la banda 700, pues en 2019 compró a los canales de TV abierta sus títulos de usufructo. El acuerdo de la SIT dice que aunque la telefónica no ofrece productos de televisión, sino de internet, deben respetarse los acuerdos.

El viceministro de comunicaciones Letona justifica que TIGO ya es parte de la 4G.

Esa resolución no fue en favor a TIGO. Ellos ya eran usufructuarios en la banda 700 y desde 2018 empezaron a adquirir esos usufructos, en ningún momento se les está dando nada. ¿Cómo entender que tienen derechos para desarrollar telefonía móvil cuando los títulos dicen audio y video? Debido a que ellos son operadores de telefonía móvil, nos estamos basando en la recomendación de la OIT para reconocerles sus derechos.

El viceministro dice que los canales de televisión de la frecuencia 700, si pudiesen, también podrían operar telefonía.

Al consultar al viceministro si la concesión no aventaja a TIGO frente a sus competidores como CLARO, el funcionario insistió:

“No se le está concediendo a TIGO, ellos ya son dueños de esos títulos de usufructo y CLARO no los tiene en esa banda. Pero, ¿cómo adquirió TIGO esos derechos? Ellos obtuvieron el derecho de utilizar títulos de usufructo de otros canales y eso se llevó a cabo en un mercado secundario y la SIT no tiene injerencia ahí … No es desleal, solo alguien está obteniendo los derechos de alguien más”.

ConCriterio llamó y escribió a Manuel Sisniega, director de Asuntos Corporativos de TIGO, pero no respondió.

Compra de documentos clave

Los títulos de usufructo de frecuencias cedidos por Alba Visión a TIGO, a los cuales tuvo acceso ConCriterio, vencen en 2035. Los documentos dicen que los títulos corresponden para radiación de radio y televisión en la frecuencia de los 700 megahertz y el área geográfica de influencia es para 20 departamentos.

 

Monterrosa, el exdirector de la SIT, razona:

Ninguno de los dos operadores que existen en Guatemala tienen derecho a la banda 700, porque si tuvieran derecho ya estarían usando una 4G o hasta una 5G.

El exdirector cree que pretenden legalizar lo ilegal:

El siguiente paso es dar la orden para que se comience con el proceso para sacar a subasta los 60 megahertz restantes y que el registro haga el cambio de las atribuciones y cambio de título, lo cual no está normado. TIGO compró TV, no móvil.

Monterrosa afirma que según la tabla de Atribución de Frecuencias Radioeléctricas,se debe disponer del total de la banda para explotar el espectro, por lo que insiste que deben ser liberados los 90 megahertz.

La SIT deberá establecerá las bases para subastar los 60 megahertz restantes. En Colombia, los ganadores del 4G pagaron US$1.6 millardos por 80 de 90 megahertz disponibles; además,  proporcionarán servicio de internet a las escuelas y Guatemala evaluará la posibilidad de este beneficio.

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La ley establece que podrán oponerse al otorgamiento del título de usufructo sobre las bandas de frecuencias solicitadas aquellas personas individuales o jurídicas que tengan un interés fundado y legítimo, y que puedan resultar perjudicadas si el otorgamiento se realiza. Las autoridades de la SIT dicen que no hubo oposiciones.

La Oficina del Procurador de Derechos Humanos, a través de un comunicado, solicitó a la Contraloría General de Cuentas y MP investigaciones administrativos y penales. ConCriterio consultó a la Contraloría y Procuraduría General de la Nación, pero al cierre de la nota no hubo respuesta.

En 2019 el MP presentó un caso que involucra a TIGO según el cual corrieron Q58 millones en sobornos para diputados para la aprobación de la llamada “Ley TIGO”.

 

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