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El pasado miércoles el Ministerio de la Defensa detectó a través de sus radares dos avionetas que violaban el espacio aéreo nacional; una de ellas en Sipacate, Escuintla y la otra en la reserva natural Manchón Guamuchal, Retalhuleu. En este último lugar  unas  200 personas impidieron el ingreso al área donde se encontraba la aeronave -que se presume transportaba drogas- al Ministerio Público (MP), a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Ejército

Cinco días después del hallazgo, las tres instituciones no lograron realizar las diligencias y se marcharon, sin decomisos ni capturas. Del fracaso del operativo nadie se responsabiliza.

Julia Barrera, vocera  del MP respondió a través de un mensaje de texto  que no existían condiciones para que el personal realizara su trabajo y que la PNC y el Ejército que activaron sus protocolos de seguridad, serán quienes deben informar de lo sucedido para continuar con la investigación.

La PNC a través de su vocero Pablo Castillo informó que la institución no puede confirmar sobre el hallazgo de la avioneta como lo dijo el Ejército y por lo tanto corresponde a las fuerzas castrenses el tema. Añadió que como institución apoyaron con seguridad en la comunidad, pero no en el área de los hechos.

En tanto, Óscar Pérez, vocero del Ministerio de la Defensa, atribuye la responsabilidad al Ministerio de Gobernación:

La operación de apoyo militar a la PNC terminó el mismo día miércoles por la tarde y la PNC y la fuerzas de tarea del Ministerio de Gobernación se hicieron cargo. Y no tenemos ninguna noticia de cómo haya sido el desenlace toda vez que el Gobernación se hizo cargo de la situación en Retalhuleu.

El vocero del Ejército se respalda en que las fuerzas castrenses no pudieron incursionar en la operación derivado de las barricadas y las personas armadas; además señala, que no se puede hablar de flagrancia porque no se determinó si la aeronave trasportaba droga.

 Lo que transportan las aeronaves tiene que ser determinada por la PNC y MP. Es una operación militar hasta el aseguramiento del objetivo, luego empieza una acción interinstitucional, porque el Ejército no está facultad para ingresar a un vehículo en tierra a menos que haya flagrancia.

El grupo de pobladores que impidió el ingreso de las autoridades habría permitido que los narcotraficantes descargaran la droga de la avioneta y que se atrincheraran en la finca, cinco días después se desconoce su paradero.