En la memoria de los guatemaltecos están los primeros toques de queda decretados por el gobierno para frenar la propagación del Covid-19: las nuevas generaciones por primera vez vivieron el encierro total y la custodia permanente de la fuerza pública.

Las primeras semanas parecía el juego del gato y el ratón: cómo olvidar a aquel hombre esposado y en la radiopatrulla con una bolsa de pan en las manos o aquellas mamás forcejeando con policías para evitar que se llevaran a hijos o esposo. Qué decir de aquel conmovedor joven lustrador de zapatos que junto con su caja de herramientas fue a parar a las celdas del edificio de los tribunales. No logró juntar el dinero para pagar una pensión y debió permanecer en la calle después del horario límite.

Historias hay muchas: desde esos relatos hasta los más desafiantes ante las autoridades y la pandemia.

Esas faltas tuvieron un costo: emocional y monetario.

El Organismo Judicial (OJ) recaudó entre el 22 de marzo y el 20 de septiembre Q23.1 millones en multas por infringir el toque de queda. Las operaciones fueron 30 mil 232 y el promedio de multa fue Q765 en 38 mil detenciones.

Marcio Zelada, un comerciante de 48, es parte de estas estadísticas. Un día de descanso decidió salir con los amigos a echarse un par de tragos y esos se multiplicaron y las horas pasaron. Inconsciente arrancó su carro y a tan solo unos kilómetros los agentes le hicieron el alto. Cuando cobró consciencia estaba entre muchas personas: eran las carceletas de tribunales.

“Estando en ese lugar no se mira la luz, son condiciones inhumanas. Introducen hasta 70 personas, no se puede caminar, hay que dormir en el piso y las personas duermen hasta en el baño, hace mucho calor. Ahí uno puede ser doctor o cualquier profesional y lo tratan como delincuente.”

Salió de tribunales dos días después pues hubo tantos ingresos que los jueces de turno no se dieron abasto. La multa fue de Q500 y una vez cancelada terminó la pesadilla.

Pero no es así para todos:

Hay quienes no pueden comprar la libertad

Según estadísticas del Sistema Penitenciario, hay personas que pasan tres meses en el Preventivo de la zona 18 porque no pueden pagar al instante. Carlos Morales, vocero de presidios, informó que a la fecha hay 91 personas encarceladas por incumplimiento de las medidas presidenciales. No hay registro quién es más antiguo.

Gerardo Villamar, Defensor del Debido Proceso de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, es crítico:

Es una falta y no había por que llevarlos a todos a la cárcel. Son unas multas que muchas personas no pueden pagar y los hacen ser carga para un sistema colapsado y como no hay clasificación por una falta, llegan al Preventivo con personas que han cometido delitos contra la vida.

Al final cree el defensor que el costo es más alto para el sistema:

Estaríamos hablando de tres tiempos de alimentación, agua, luz y la custodia. Le sale más caro tenerlos ahí.

Humberto Morales tiene otra historia: acá fue su papá quién incumplió las disposiciones presidenciales. Pero su familia tomó una decisión:

Como ya era mucho que se iba con sus amigos, el día de pago se va  a tomar. Entonces mi mamá dijo: “ya fue suficiente” y que aprendiera la lección. Pero el compañero con el que andaba tomando, pagó la fianza y al día siguiente ya estaba de regreso en la casa.

Según el Organismo Judicial en el departamento de Guatemala hay 10 mil 552 ingresos a los juzgados por incumplir toque de queda. Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos, sobrepasan las 2 mil detenciones cada uno.