Este 2020 ha sido difícil para todos, pero a unos les llueve sobre mojado: como en muchas corporaciones, con la llegada del coronavirus las familias prescindieron de los servicios de las trabajadoras domésticas.

Son claros los factores que incidieron: el temor al contagio, la falta de transporte público para que ellas se desplazaran y la situación económica.

Ese es el caso de Isabel González, una mujer de 45 años, originaria de San Marcos: en marzo, cuando se decretó la cuarentena, fue cesada del trabajo. Pasaron los días sin trabajo y sin ingresos, llegó el fin de mes y debía pagar los Q900 de la casa donde vive con su hija de 18 años y quien cursa bachillerato en un instituto público.

Sus arrendantes la sacaron de la vivienda:

“Vino el dueño y me dijo: tienen que desocupar, una semana le doy. Yo le respondí que no podía irme a la calle porque no tenía dinero y hasta el hijo de él llegó a la casa a decirme que me fuera”

Claudia Barrientos, abogada, recuerda que la ley protege tanto los al arrendante como al arrendatario, independientemente si hay contrato escrito o de palabra:

“El artículo 1906 dice que: si el arrendatario se ve impedido, sin culpa suya, no está obligado a pagar la renta, y tiene derecho a una rebaja. Y el tiempo máximo para beneficiarse de esto es por dos meses, después el arrendante puede pedir la terminación del contrato y esto se puede hacer sin intervención judicial y se le puede pedir la desocupación inmediata”.

No hubo tregua para Isabel González, debió buscar dónde vivir:

Me avisaron de un trabajo mientras llega la empleada de otra señora, porque ella también la tiene suspendida; pero como a mí me queda cerca, me dijo que si le ayudaba.

Violación de derechos

Dorotea Gómez, Defensora de la Mujer de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, señala que existe falta de solidaridad y comprensión, pero también abuso de poder y violaciones a los derechos de las personas:

“Puede pasar de que las quieran expulsar y sacarle sus cosas a la calle o le pongan bajo llave sus pertenencias y eso ya es considerado un delito porque se le veda al inquilino el acceso a sus cosas; pero esto sucede porque hay desconocimiento de la ley”.

En Guatemala, de acuerdo con la Asociación de Trabajadoras del Hogar, hay unas 250 mil empleadas de casa:

• 62% mujeres mayas migrantes
• 43% entre las edades de 14 y 26 años
• 3 de cada 5 devenga menos de Q1mil
• 7 de cada 10 laboran más de 8 horas
• 32% fueron despedidas en esta crisis
• 65% continúa laborando

La Defensora de la Mujer lamenta el retraso que tienen los programas de apoyo pues pueden provocar que casos como el de Isabel González se multipliquen:

“Que entre las personas beneficiarias, se priorice a las madres solteras e incluye a las mujeres de casa particular porque son las que están más desamparadas ante la ley en el tema laboral”.

De acuerdo con datos del Sistema Integrado de Gestión del Seguro Social, hoy están inscritas en el Programa Especial de Protección para Trabajadoras de Casa Particular solo 519 mujeres quienes gozan de seguro contra accidentes, periodo de maternidad y control de niños menores de 5 años, además gozarán de tratamiento contra Covid-19.