Jimmy Morales llegó a la presidencia del país bajo el lema “ni corruptos ni ladrones”, pero cuatro años después los guatemaltecos recriminan su falta de transparencia y la corrupción durante su gobierno, como lo hizo el día de las votaciones de 2019 un ciudadano que le gritó: “el peor presidente de la historia de Guatemala”.

Pero durante la campaña, en algo tenía razón Morales:

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“No ha habido bisturí que corte corrupción alguna, aun teniéndola en las narices … en donde han participado amigos y familiares”.

Las palabras parecen reflejar el guión de su administración pues hoy los hilos sueltos empiezan a develar que su gabinete estaba integrado por funcionarios cuestionables, como pasó con el Partido Patriota y con la Unidad Nacional de la Esperanza.

De hecho, las dudas empezaron en la propia familia presidencial: un hijo, un hermano y la esposa, bajo sospechas de haber cometido actos de corrupción y lograron salir invictos de los juzgados.

Esos señalamientos a su familia provocaron que Morales emprendiera una arremetida contra la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG): desde declarar non grato al comisionado Iván Velásquez, hasta hacer rodear con jeeps artillados la sede de la organización y no renovar el acuerdo de CICIG, pese a las demandas ciudadanas.

Pero ¿Qué podía esperarse? Si el presidente describió la corrupción como normal. Así lo dijo en 2017 durante una entrevista con el periodista internacional Jorge Ramos:

¿Usted cree que sus hermanos y su hijo no son culpables de corrupción? Quizá todo eso es parte de una corrupción que se ha vivido en el país y que en Latinoamérica se han vuelto como normales.

Buena parte de su gabinete hoy es perseguido por la justicia:

El más reciente es José Luis Benito, exministro de Comunicaciones, a quien la Fiscalía Especial Contra la Impunidad busca para que responda de dónde salieron los Q122 millones hallados en una casa de La Antigua Guatemala: una de las maletas -la que tenía Q3.8 millones estaba identificada con su nombre, además, el alquiler de la propiedad lo vincula.

Los otros ministros son:

Acisclo Valladares, extitular de la cartera de Economía, acusado de lavado de dinero y prófugo de la justicia.

Elder Suchité, exministro de Cultura y Deportes, señalado de nepotismo, también prófugo.

Carlos Soto, quien estuvo a cargo del ministerio de Salud, tiene cargos de abuso de autoridad y tráfico de influencias.

Y William Mansilla, el exministro de Defensa que autorizó el “bono militar” de Q50 mil mensuales al expresidente Morales. Mansilla fue enviado a juicio por abuso de autoridad, pero desde agosto 2019 el caso está detenido.

La administración Morales está alejada de los reflectores y micrófonos. Este reportero llamó al resto del gabinete: los teléfonos de la mayoría suenan desconectados o envían buzón.

 

El único exministro que respondió fue el de Energía y Minas, Luis Chang, pero se abstuvo de omitir opinión respecto al seguimiento que la justicia da a sus excompañeros gobierno:

“No voy a emitir ningún comentario, muchas gracias”.

Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación durante la administración Morales, en tanto:

Al momento de aceptar un cargo público debemos estar conscientes de la responsabilidad que asumimos. Como exfuncionario estoy claro que las responsabilidades de los actos se extienden sin límite de tiempo. Con relación a los exfuncionarios no me corresponde opinar al respecto; sin embargo, si alguien tiene algún tipo de señalamiento, lo mejor es enfrentar la justicia.

Pero de FCN-Nación, el partido que llevó a la presidencia a Jimmy Morales, también están prófugos dos diputados: Estuardo Galdámez, vinculado al caso de subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo, bajo cargos de lavado de dinero y Édgar Ovalle es buscado por delitos de lesa humanidad.