La fiesta de más popular en Guatemala se celebró clandestinamente el 12 de junio en la mueblería O3 en Condado Concepción, carretera a El Salvador. Aquella tarde, aunque era una reunión secreta, los propios participantes difundieron imágenes y grabaciones de lo que ocurría adentro, mientras el país se guardaba en casa.

No es lo única vez que O3 ha transgredido la ley: el negocio opera sin permiso municipal.

La primera sanción llegó el martes: los propietarios del local fueron multados por Guenfri Estrada, juez municipal de Santa Catarina Pinula, con medio millón de quetzales. Esa es la sanción administrativa, en paralelo, el Ministerio Público (MP) investiga qué ocurrió ese día.

Para sancionar, el juez analizó las violaciones a los decretos presidenciales para contener la pandemia, pero también a las leyes locales. Entre lo que halló:

“La violación a nuestros reglamentos que es por carecer de una licencia de funcionamiento municipal”.

O3 tendrá 5 días para pagar los Q500 mil de multa que incluyen la violación de las medidas contra el Covid-19, además de operar sin licencia. Sufragado el pago puede volver a operar y esta es la razón, dice el juez:

“Debemos respetar la libertad de comercio y también el municipio depende de los ingresos que generan estos negocios

-Usted dice debemos respetar el libre negocio, pero ellos no tienen permisos. Exacto, ellos deberán regularizarse luego de pagar la multa.

¿Operaban de manera ilegal? Ante la municipalidad sí, con otras instancias sí tuve a la vista la patente de comercio”

Juez Estrada con representantes de O3

En el expediente municipal se adhirió al Centro Comercial Condado Concepción, no obstante, quedaron excluidos pues en su defensa presentaron las cláusulas del contrato, en el cual también prohíben fiestas.

En algo están de acuerdo el juez municipal y la Fiscalía de Santa Catarina Pínula: hubo una celebración planificada. Así lo dijo el fiscal Édwin García:

“Lo que sí puedo asegurar es que tenemos suficientes indicios para asegurar que sí hubo una fiesta”.

El juez municipal tiene la convicción de que el evento se llevó a cabo y estima que participaron unas 100 personas. Cuenta que los mismos representantes legales de la mueblería lo admitieron:

“Ellos admiten de que se realizó una fiesta, luego hacen la aclaración de que no fue en toque de queda, pero nosotros no estábamos viendo si fue en ese periodo”.

Dueño de O3 acude al MP

Romeo Montoya es uno de tres abogados de O3 en el caso municipal. Es además representante de Estaban Recinos, el propietario, en el proceso penal.

De acuerdo con el abogado, Recinos colabora con las investigaciones:

“Ya acudimos con ellos a demostrar nuestra buena voluntad y buscar una solución. Hemos prestado toda la colaboración que nos ha solicitado el MP y, esperando la decisión que ellos tomen en cuanto a la imputación que se hará, no estamos rehuyendo simplemente afrontar”.

El abogado hace su defensa:

“Hay mucha información que está tergiversada; por ejemplo, la fiesta terminó entre 3:45 a 4:00 pm. Además, indican que se dio soborno a la Policía, cuando nadie tuvo contacto con ellos porque la seguridad del Centro Comercial les dijo que no podían pasar”.

El informe de la PNC consigna que la diligencia se llevó acabó a las 15:30hrs. y que la seguridad del complejo comercial no permitió el ingreso a los elementos.

El abogado de O3 es un antiguo fiscal, quien en los últimos años ha conducido la defensa de al menos una decena de acusados por la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en casos de corrupción, lavado de dinero y sobornos, entre otros.