Recibe los #ReportesConCriterio de Henry Bin, directo en tu buzón.

La oficina Nacional de Prevención de la Tortura emitió entre 2018 y 2019, 64 recomendaciones al Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario. Y de estos el 28% correspondieron a privados de libertad de la cárcel Mariscal Zavala, donde están recluidos los hombres de relevancia política y económica, acusados por actos de corrupción.

Carlos Solórzano, exrelator de esa oficina, fue parte de un plan que Gustavo Alejos urdió desde la cárcel para reformar el sistema de prisión preventiva con el fin de que señalados de corrupción salgan libres.

 

Exrelator Carlor Solórzano

Pero el papel del Solórzano iba más allá: el exfuncionario emitió recomendaciones a jueces para que otorgaran arresto domiciliar a algunos procesados o bien que fueran enviados a hospitales o clínicas para continuar sus tratamientos. Según los registros algunos presos de Mariscal Zavala  por los que intercedió fueron:

  • Igor Bitkov, condenado a siete años de prisión por uso de documentos falsos.

  • Daniela Beltranena, implicada en el caso Cooptación del estado y señalada de asociación ilícita y lavado de dinero. Además.

  • Giovanni Marroquín Navas, acusado de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso La Línea y en el caso Tráfico de Influencias.

En el caso de Marroquín Navas, el exrelator Solórzano pidió en julio 2018  a Consuelo Porras, Fiscal General, que investigara a los fiscales: Andrei González y a los funcionarios de CICIG Yilein Osorio y Viccenzo Carusso, ya que de acuerdo con el informe, amenazaron a Marroquín Navas para que emitiera testimonios falsos para inculpar a los señores: Mario Leal Castillo y Gustavo Alejos en el caso Tráfico de Influencias.

Parte de la Recomendación de Solórzano enviada a la Fiscal General

En algunos casos las recomendaciones fueron enviadas directamente a los jueces, un hecho que de acuerdo con el abogado Oswaldo Samayo, quien participó en la elaboración que creó el mecanismo de prevención de la tortura, es considerado un abuso de poder por parte de los antiguos funcionarios de esa oficina.

La oficina debería de tener un mecanismo de comunicación con la Corte Suprema de Justicia para atender necesidades en cuando al incremento de la prisión preventiva  o de personas que necesiten asistencia hospitalaria. Sin embargo, en ningún momento se pueden dirigir directamente a un juez, porque las decisiones judiciales son independientes y no puede un relator condicionar a un juez a una decisión de una medida de arresto domiciliario.

Actualmente el Congreso de la República se encuentra en fase de selección de los dos relatores que suplirán a Silvia Villalta y Carlos Solórzano quienes concluyeron su mandato en marzo pasado.

Raúl Romero, integrante de la Comisión de Derechos Humanos quien supervisa el trabajo de dicha institución:

Debemos de analizar cuál ha sido el desempeño de  esta oficina por sus resultados y por las influencias que pueden haber habido y sobre todo por el costo que representa para el Estado. Sin embargo tenemos que tener claro que el sistema de justicia y el Sistema Penitenciario no están cumpliendo con el papel que corresponde. Los centros de privación lejos de ser de reinserción se han convertido en “universidades del crimen”; entonces hay que reformar el régimen penitenciario pero también se tiene que evaluar el papel de la oficina.

El Congreso se encuentra en etapa de revisión de 17 para ocupar las dos relatorías que quedaron vacantes tras la culminación del mandato de Solórzano y Villalta.