Carlos Solórzano, el antiguo relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura, quien en el pasado usó ese puesto para favorecer a políticos, empresarios y abogados acusados de corrupción al emitir informes favorables para que jueces les concedieran la libertad, es uno de los hombres a quien la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República seleccionó para integrar una de las dos ternas de las cuales el Organismo Legislativo elegirá a los nuevos vigilantes de las prisiones del país: dos relatores titulares y dos suplentes para un periodo de cinco años.

En 2018 Solórzano fue denunciado por el juez Pablo Xitumul y Juan Francisco Sandoval, Fiscal Especial Contra la Impunidad, porque consideraron que el exrelator se excedió en sus funciones al solicitar que se otorgara arresto domiciliar a algunos reclusos, acción que corresponde a la defensa y no a un funcionario de esa oficina.

La oficina Contra la Tortura emitió entre 2018 y 2019, 64 recomendaciones al Organismo Judicial y el Sistema Penitenciario. Y de estas el 28% correspondieron a privados de libertad de la cárcel Mariscal Zavala, la prisión que concentra a acusados de alto impacto, acusados en casos de corrupción. Así, Carlos Solórzano se convirtió en un operador de los prisioneros acusados en distintos casos de corrupción como:

  • Gustavo Alejos, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom y, operador político de la excandidata presidencial Sandra Torres.
  • Daniela Beltranena, exdiputada del Partido Patriota y mano derecha de la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
  • Igor Bitkov, condenado a siete años de prisión por uso de documentos falsos.

Selección y elección

Las ternas fueron enviadas al pleno del Congreso para que en sesión plenaria de mañana miércoles, los congresistas elijan a los nuevos relatores.

Solórzano fue el quinto mejor evaluado por la Comisión seleccionadora, obtuvo 64 puntos y la calificación más alta fue para Gloria Margarita López Rodas con 85 puntos, otra profesional que integra los listados.

Sin embargo, la ética profesional no obtuvo punteos en la selección y Solórzano logró pasar todos los filtros, a pesar los cuestionamientos de los propios diputados. Las reglas del proceso establecen que los aspirantes no deben tener denuncias planteadas por la sociedad civil, las cuales hayan sido consideras válidas por los postuladores.

Sandra Morán una de las integrantes de la Comisión expone que los miembros no podían convertirse en jueces al momento de seleccionar:

“Él es una persona con capacidades y con señalamientos, aunque sí es una persona con señalamientos, todo eso se discutió en la Comisión. -Usted dice, que no son jueces, pero ¿no deben ser un filtro para que personas cuestionadas pasen? Sí, pero hay que recordar que la parte de idoneidad y honorabilidad no tiene calificación en la tabla de gradación”.

Nineth Montenegro, otra de las postuladoras se limitó a responder:

La mayoría siempre tuvo la opinión de que ha sido uno de los que hizo su trabajo cuando pasó lo de las niñas del Hogar Seguro. Y al final es el pleno el que decide y enmienda la plana.

El diputado Fernando Linares Beltranena, uno de los diputados que objetó la participación de Solórzano expresa:

El tema es quien hace mejor cabildeo y no cabe duda que Carlos Solórzano es buen cabildeador y sabe qué puertas y eso hizo que se tomaran en cuenta sus valores políticos por encima de las objeciones.

Durante el proceso de selección Carlos Solórzano admitió ante los postuladores que era su voz la que se difundió en unos audios filtrados a ConCriterio en donde se le escucha desde la cárcel planificar junto con Gustavo Alejos, acusado de corrupción, acciones para someter a reforma el sistema de prisión preventiva con el fin de favorecerlo a él y otros procesados.