El nombramiento de Oscar Dávila, como director de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, ha sido recibido con beneplácito por distintos sectores sociales:

 “Lo que vemos es que ha designado a una persona con formación profesional relevante para el puesto”. Es la declaración de Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa)

Una opinión similar tiene, Mario Castañeda, exviceministro de seguridad en el gobierno del expresidente Álvaro Colom, exfiscal del Ministerio Público (MP) y también, litigante en casos de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG):

Al licenciado Dávila lo conozco desde el MP donde trabajamos juntos, es una buena persona, buen profesional y capacitado en temas de investigación y proceso penal.

Oscar Dávila es un hombre de 44 años, con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y con estudios de maestría en Derecho Procesal penal.

El abogado fue consultor de la embajada de EE. UU en Guatemala en asuntos antinarcóticos entre 2018 y 2019. Además, trabajó en el Ministerio Público durante 21 años, y ocupó, entre otros cargos, el de fiscal especial Contra Organizaciones Criminales dedicadas al Narcotráfico, y en las fiscalias contra el Lavado de Dinero y Delitos contra el Orden Tributario; tambien en la de Delitos Contra la Vida.

Así mismo, entre 2016 y 2018, fungió como viceministro de Antinarcóticos.

Funciones

Entre las facultades que le confiere el acuerdo gubernativo que pone en marcha la Comisión Presidencial, se contempla:

• Tener libre acceso a las dependencias del Organismo Ejecutivo, en el ejercicio de sus atribuciones, así como al personal.
• Requerir información que estime pertinente a las dependencias de ese organismo.
• Asistir a reuniones de organismos internacionales en temas de corrupción.

El presidente Alejandro Giammattei explicó cómo funcionará la instancia:

“La función de la investigación del delito  es monopolio del MP; en el caso que nosotros recibamos la denuncia de un empresario que dice: a mi me cobran mordida por vender pañales; se hace la investigación interna y de ser cierto se traslada al MP para que ellos lo procesen, por otro lado; si hay una mal uso de los usos de los recursos del Estado en una labor administrativa, la comisión le lo pasará a la Contraloría General de Cuentas para que cada quien en el ámbito de acción cumpla con su función”.

La expectativa está puesta sobre la mesa, el director ejecutivo de Fundesa manifestó su esperanza de que los resultados ayuden a disminuir los índices de percepción en corrupción que tiene el país, actualmente ubicado en la posición 146 de 180 países evaluados.

Esperamos que se dé continuidad a los esfuerzos de lucha contra la corrupción que necesita el país, recordemos que el país está en los últimos lugares de percepción de corrupción de Transparencia Internacional y esperamos que está comisión sea de ayuda y que se sustenten casos; que no sean temas solo mediáticos, sino que existan pruebas que los sustenten y que sean investigados posteriormente por el Ministerio Público para su persecución penal.

El exfiscal Castañeda, cree que habrá grupos que tratarán de demeritar el trabajo de la Comisión, sin embargo, confía en las intenciones del actual gobierno:

Yo veo una coherencia entre las palabras del presidente y sus acciones -creo que tiene buenas intenciones- no se ha quedado en la retórica sino ha aterrizado en acciones concretas y esta es una de ellas y creo que él -el comisionado- va a tener independencia para trabajar.

Respecto de la influencia que puede tener Estados Unidos sobre el comisionado, ya que Dávila fue consultor en la embajada de dicho pais en Guatemala, el abogado Castañeda comenta:

Uno trabaja conforme a sus principios y le es fiel a los procesos y si se va en la línea de lo correcto va a tener la bendición no solo de la embajada -de EE. UU- sino de todo el mundo, porque de lo que se trata es de hacer las cosas conforme a las leyes.

Dicha comisión presidencial está integrada por: el presidente Gimmattei, los ministros de Gobernación y Finanzas, el Procurador General, el Secretario General de la Presidencia, el Secretario de Planificación y el director de la Comisión de Centro de Gobierno.