El 17 de enero de 2016 la indignación ciudadana se dirigió hacia el Congreso de la República y sus trabajadores, cuando fue pública la nómina de los empleados permanentes, con sueldos para conserjes, asistentes y secretarias que oscilaban  entre Q27 y Q34 mil, poco más que un diputado. Un sueldo que elevaron gracias al incremento  anual al salario del 10 por ciento, contemplado en el Pacto Colectivo.

Ese pacto que está a un paso de renovarse. ¿Cuáles son las nuevas condiciones?

Pese a que hoy se tiene previsto que la Junta Mixta de Negociación entregue a la Junta Directiva del Organismo Legislativo,  un borrador que se negocia entre las autoridades y los trabajadores, el hermetismo impera alrededor.

Entre algunos puntos, se propone que el incremento del 10 por ciento al salario  ya no sea anual, en cambio se hará efectivo cada tres años. Así mismo,  el Congreso ofrece servicios de salud integral gratuitos a sus trabajadores: medicina, odontología y psicología. Por su parte diputados podrán recibir pago sin que asistan a sesiones plenarias.

El secretario General del Sindicatos de Trabajadores del Congreso de la República (Sintracor), Alfredo Tumax,  dice que estar de acuerdo con los planteamientos de su patrono, el Organismo Legislativo.

“Podemos decir que es viable, porque lo que estamos buscando es una salida ante las opiniones que se han generado en los diferentes sectores de la sociedad, estimamos que hay un buen punto de acuerdo”

Sin dar mayores detalles dice que lo que buscan unificar sus peticiones económicas, entre las que se incluyen nuevos bonos.

“Es parte de los puntos, lo que estamos haciendo unir las peticiones económicas  tomando en consideración la opinión de la sociedad”

Julio Roberto Saavedra, asesor del al Procuraduría General de la Nación (PGN) opina que por mandato legal no puede opinar sobre pactos que se están en negociación; sin embargo, dijo que se debe ser cuidados en no caer en vicios contenidos en el pacto anterior. Y agrega que se deber seguir un régimen financiero, así como tomar en cuenta las posibilidades legales del presupuesto general de ingresos y egresos del estado.

 

 “El Patrono estado tiene ciertas particularidades, esto implica que en todo momento prevalece lo que está en la Constitución y si alguna de esas obligaciones  fueran contrarios al principio de legalidad o que vulneren el presupuesto, pues naturalmente eso podría dar lugar a lo negociado por las partes”

En febrero de 2016 la PGN dictaminó que el Pacto Colectivo del Congreso violaba el principio de igualdad por el tema de los salarios,  esos son los artículos que deben analizarse detenidamente según el asesor

 

“Lo que eventualmente podrían ser dañino serían determinados artículos en los cuales se haya contrariado los principios constitucionales como: la protección del presupuesto, derecho a la igualdad, el principio de legalidad o el propio régimen de trabajadores del estado”

Concluyó que determinar si un pacto colectivo es dañino para el estado corresponde a las instancias judiciales y no a la Procuraduría General de la Nación.

A inicios del año pasado la PGN, como abogado del Estado denunció ante el Ministerio Público el Pacto Colectivo del Congreso por no sustentar, técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos que se comprometieron y no tomar en cuenta las posibilidades del estado.

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