Los diputados cavaron su propia crisis. Esa aprobación de los decretos 14 y 15 de 2017 los ha colocado en un enredo. Un abogado como Carlos Bezares considera que la situación es aún más crítica si se analiza que los 107 congresistas que votaron para eximir de responsabilidad a los políticos del delito de financiamiento electoral ilícito y conmutar las penas de una centena de delitos, abrieron las puertas para las denuncias penales. Bezares enumera que los firmantes de la reforma pueden ser investigados por abuso de autoridad e incluso un ilícito de crimen organizado: el de asociación ilícita.

“Es que en pandilla confabularon y aprobaron los decretos abusando de su poder público,” se explica.

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional que suspendió los decretos aprobados que modificaban el delito de financiamiento electoral ilícito y la conmuta de penas. El máximo tribunal, en fallo unánime, consideró las reformas una “amenaza”. “En caso de cobrar vigencia podrían ocasionar daños irreparables al sistema de justicia” resolvieron los jueces.

Ese amparo, no obstante, nos los librará de una acción penal. Así lo ve el exdiputado del Congreso de la República, Aníbal García, quien afirma que, “la ilegalidad de los decretos no los exime del acto penal y se puede asumir que la actuación es totalmente ilegal”.

El martes 13 de septiembre 107 diputados, de las bancadas, UNE, UCN, AC, MR, FCN-NACIÓN, IND, PAN, PU, TODOS Y WINAQ, un grupo de ellos acusados por delitos de corrupción, legislaron para eliminar su responsabilidad en actos ilícitos. Y, para alivianar las penas de colegas suyos, que enfrentan proceso penal acusados en diferentes casos, crearon una reforma legal para hacer conmutables las condenas de prisión (pagan dinero por días de cárcel).

La Plaza de la Constitución se llenó la tarde del 14 de septiembre de 2017.  Manifestantes impidieron la celebración de los actos con ocasión del Día de Independencia 15 de Septiembre. Ni siquiera pudieron izar la bandera que ondea en el Parque Central. Los ciudadanos gritan arengas que demandan no solo la renuncia de los congresistas, sino además la del mandatario Jimmy Morales.

Mientras tanto, alertas de la dimensión de sus actos, el presidente del Congreso, Óscar Chinchilla, convocó a una sesión plenaria de urgencia para mañana, viernes 15 de septiembre a las 14.00 horas. En el numeral uno de la agenda se lee: “aprobación de proyecto de precedente legislativo”. Muchos congresistas han debido suspender su asueto de Independencia para regresar a enmendar su decisión. Una votación que abría las puertas de las cárceles, pero que también abrió las puertas a una depuración. Eso es lo que mencionan los juristas.