La indignación y el patriotismo contra la corrupción son un recuerdo del pasado, del 2015, cuando la ahora extinta Comisión Internacional Contra la impunidad en Guatemala (CICIG) destapó los robos desde los más altos cargos de gobierno y vinculó a políticos y empresarios.

El expresidente Jimmy Morales echó la última pala de tierra el 31 de agosto 2018 para sepultar al organismo: “hemos notificado oficialmente al Secretario de Naciones Unidas (ONU) la no renovación del mandato de la CICIG”.

El 3 de septiembre de 2019 y tras 10 años en el país, el organismo internacional terminó su mandato y la corrupción e impunidad parecen andar a sus anchas.

Lenina García, exrepresentante estudiantil de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), señala que estos problemas son estructurales y si bien hay avances, también:

Hay retrocesos, Guatemala ha tenido en la historia reciente un presidente que no ha representado los intereses de la población, sino de ciertos grupos y esto se ha acrecentado: con Jimmy Morales, al expulsar a la CICIG; con Giammattei vemos que no hay buen manejo de los recursos de la pandemia; hay debilitamiento de la institucionalidad.

Una de las primeras acciones de Giammattei fue crear la Comisión Presidencial contra la Corrupción para fiscalizar al Ejecutivo.

Pero en su propio gobierno hay procesos opacos. Por ejemplo, ayer Raúl Romero, ministro de Desarrollo Social, debió anunciar la anulación de la compra de las galletas fortificadas por Q14 millones, el evento se adjudicó al proveedor más oneroso, en un proceso exprés, opaco y sin justificación clara.

Recientemente ElPeriódico reportó otros hallazgos: como que el director de la Dirección de Caminos adjudicó obras por Q88 millones a una empresa cuyo propietario es primo del funcionario; o como el gasto de Q31 millones del ministerio de la Defensa en reparar un avión de los años 60. Qué decir de esa investigación que realiza el Ministerio Público (MP) sobre la entrega de contratos millonarios a Labymed, la empresa que llegó al hospital del Parque de la Industria como un donante y luego se convirtió en la principal proveedora de pruebas para detectar Covid-19.

Juana Solís, presidenta de la sala sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cree saber qué pasa:

“Si el sistema de administración de justicia está mal, todo va estar mal, porque al final es este el que fija el balance de las actuaciones de las entidades del Estado y, ante la incertidumbre, creo que sí puede provocar el no acatamiento de las disposiciones legales y eso sí es riesgoso”.

La togada advierte que hay que tener cuidado y usa estas palabras: sí los padres no los controlan, los hijos hacen lo que quieran; entonces sí necesitamos ya la elección de cortes para quienes haya que deducir responsabilidades.

 

 

Esta semana se cumplió un año de que el país no renueva los cargos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -no se ve intención en el Congreso-, la Corte de Constitucionalidad (CC) no logra ponerse de acuerdo para resolver temas como la permanencia o no del magistrado Neftaly Aldana, por su estado de salud. Estos aspectos han paralizado el sistema de justicia. Además, el Tribunal Supremo Electoral se debilita con la llegada la una nueva magistratura que empezó por remover al personal con experiencia.

Carlos Ruano, un juez que denunció coacción en el Organismo Judicial en 2017, cree que hay una concordancia de poderes:

“Esa es la lectura que se le puede dar a estos. El funcionario o empleado público tiene una responsabilidad institucional, pero cuando no la asumen, no se puede pensar otras cosas: intereses particulares o de sectores oscuros que quieren obtener beneficios, incluso de contratos públicos”

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemela (FUNDESA) señala que es importante fortalecer el sistema de justicia ya que:

“Guatemala ha tenido temas de corrupción durante los últimos 10 años, lo vemos en el índice de percepción de corrupción que siempre estamos en los últimos lugares; también se observa en la poca institucionalidad que muestra el Índice de Competitividad Global y las calificadoras de riesgo país han mostrado que las instituciones deben fortalecerse”

Se intentó buscar una postura sobre el tema con agremiados al Comité Coordinador de Asociaciones Industriales, Comerciales y Financieras (CACIF), Nils Leporwski, presidente no respondió; tampoco el expresidente Juan Carlos Tefel y así mismo, Roberto Ardón.