La instancia de jefes de bloque del Congreso de la República acordó ayer que instalarán una mesa de diálogo interinstitucional conformada por los tres poderes del Estado para diseñar una agenda legislativa conforme a las prioridades definidas. La propuesta fue presentada por Allan Rodríguez, presidente del Congreso e integrante del oficialismo.

Los distintos jefes de bloque consideraron que debe existir “diálogo político” para legislar. Pero, aunque las propuestas fueron acordadas en seno de Congreso, será el vicepresidente Guillermo Castillo quien liderará este esfuerzo, así lo afirmó Álvaro Arzú Escobar expresidente del Organismo Legislativo:

En donde se pueda generar una agenda que sea de interés de los tres organismos de Estado, no me la imagino como una instancia donde nos vamos a ir a sentar a escribir una ley, sino a priorizar temas o iniciativas que ya existen.

Cornelio García, del Boque TODOS, señala que no debe interpretarse como intromisión, sino como un plan para legislar en favor de la ciudadanía:

 “Podría argumentar que sí es importante, puesto que son poderes del mismo Estado, no siempre que uno habla hay una interferencia de poderes, sino se trata de un trabajo de coordinación para el pueblo de Guatemala”

En la pasada legislatura la alianza Ejecutivo-Legislativo para impulsar normas que favorecieron más a quienes resultaron señalados de financiamiento electoral resultó fuente de crítica. El diputado Manuel Conde, uno de los aliados del oficialismo, comentó:

El hecho de que usted haya incluido esa mesa de diálogo ya es un gran avance porque lo que esto refleja es la interlocución entre los poderes del Estado, que por dos años lo tuvimos absolutamente cortado: la Corte no quería saber nada del Congreso, el Ejecutivo quería tratar solo temas muy puntuales.

La semana pasada el presidente Alejandro Giammattei envió al Congreso del tres iniciativas de ley:  una busca declarar terroristas los actos cometidos por pandilleros, otra disolver la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) y la tercera, dar protección a policías cuando estos se vean en la necesidad de hacer uso de sus armas de fuego contra delincuentes. La iniciativa establece que:

 “Debido al alto índice de inseguridad y violencia, es necesario ampliar la legítima defensa como causa de justificación para eximir la responsabilidad penal de los ciudadanos y así como a los elementos de las fuerzas de seguridad que día con día arriesgan sus vidas, ya que no tienen la posibilidad de utilizar sus armas antes de ser atacados y así se les permita utilizarla como un medio de defensa en contra de los criminales”.

En este punto, el apoyo de las bancadas entra en discusión, no a todo lo que propone el Ejecutivo dirán sí.

Gustavo Estuardo Rodríguez diputado del partido Humanista:

Si ellos quieren prescindir, por ejemplo de la SAAS,  y creen que no es necesario, pues tendríamos que apoyarlo. Pero hay otros temas que hay analizarlos -¿el temas de las pandillas?- eso hay que debatirlo todavía, porque eso lleva a otra cosa y ahí hay que negociar, discutir y ver cómo está la ciudadanía al respecto. Ahorita lo más importante son las propuestas de desarrollo económico, la gente necesita dinero.

Julio Ixcamey, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), grupo mayoritario en el Congreso, dice que apoyarán las iniciativas oficiales, sin embargo, hace algunos comentarios de las propuestas:

Por ejemplo la iniciativa del terrorismo como ellos lo plantean está igual con el delito del orden público, entonces lo que tendremos que ver es la justificación y se tiene que hacer un análisis por parte de la comisión porque solo la palabra ya alarma.

La propuesta de ley establece que “Quien con el propósito de trasgredir la paz social o el orden público del Estado se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología (…) será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos”.