Los reclamos a partir de que hombres con poder político y económico fueron privados de su libertad en un sistema de prisión preventiva sin plazos ni sensibilidad, han llegado a la mesa de las altas autoridades que delinean reformas legales para cambiar ese régimen.

 “Que la prisión preventiva sea solicitada solo en los casos donde es necesaria y con fundamento en los supuestos legales e internacionales de la materia”. Esa constituye la política del Ministerio Público, para evitar abusos a los derechos humanos de quienes enfrentan un proceso penal en Guatemala. Así lo afirma Julio Cordón, Secretario de Política Criminal del Ministerio Público, quien explicó que los fiscales  han sido prevenidos por la Fiscal General, Consuelo Porras para que el encarcelamiento sea “la excepción y no la regla”.

Cordón mencionó que desde la administración de le exfiscal general, Thelma Aldana, el MP, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Guatemala, la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), trabajan en mesas técnicas para crear un proyecto de reformas al modelo de prisión preventiva actual, el cual urge modificarlo,  para evitar atropellos:

  • La saturación del Sistema Penitenciario, es evidente que la infraestructura de las prisiones fueron diseñadas para una cantidad de privados que hace mucho tiempo se superó.
  • La mayor población a la que atiende el sistema penitenciario es prisión preventiva, no en cumplimiento de condenas y esto hay que revisarlo. Además,
  • La tutela de los derechos fundamentales, se tiene que tener un cumplimiento a esos derechos y la prisión preventiva es una limitación.

Agregó que la meta es adecuar la legislación a estándares internacionales y, por lo tanto, en la institución encargada de las investigaciones, impulsan procesos de capacitación y aprendizaje.

Las estadísticas de la propia institución, correspondientes de  enero 2017 a marzo 2018, revelan que de 23 mil 822 reclusos el 61% obtuvo medidas sustitutivas o no privativas de libertad.

Julio Prado, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP, cree que los abusos de la prisión preventiva especialmente se comenten en casos invisibles para la sociedad:

 “Por ejemplo por robo o hurto, como aquella persona que se robó un dinero en una iglesia”

Prado cree que el problema radica en los juzgados de revisión de medidas que establecen plazos de dos a tres meses para reevaluar estos casos:

Yo creo que la creación de juzgado específicos para revisar las medidas sustitutivas, y que su sede estuviera en los centros de detención con mayor población como: zona 18, Mariscal Zavala, y también Matamoros, y esto para evitar mayores retrasos cuando las audiencias se suspenden por en los juzgados.

Prado considera que más que flexibilidad ante los reclamos actuales, el sistema se ha dado cuenta que muchos de los prisioneros han pasado tiempos prolongados en la cárcel  sin obtener  condenas y que esto ha ido en detrimento de la salud, lo cual supone cambios en la aplicación de la justicia.

Jordán Rodas, Procurador de Derechos Humanos, cree que las voces que reclaman el abuso de la prisión preventiva han hecho eco.

Yo creo que el derecho es producto de una actividad humana  que va cambiando y los nuevos tiempos ameritan que sea renovado el Código Procesal Penal en cuanto a la prisión preventiva.

El proyecto de reformas se espera esté listo en octubre de este año y entro otros términos pretende reformar:

Se está avanzando en la revisión de delitos en los que se establece cuándo no se puede otorgar una medida sustitutivas.

La implementación de la ley de control telemático, con el uso de brazaletes; la aprobación de una ley de aceptación de cargos; una ley de presentación espontánea, en la que se admita la responsabilidad de manera inmediata, podrían ser parte de la ruta para evitar el uso excesivo de la prisión, coinciden los entrevistados.