En junio de 2017 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó al Congreso de la República la iniciativa de Ley de Aceptación de Cargos, una ley que se propone beneficiar a los procesados confesos con la reducción de penas en tercera, cuarta o quinta parte, según el momento procesal cuando acepten su responsabilidad. La aprobación, según los ponentes, significará una salida anticipada del conflicto. Además de descongestionar el sistema de justicia del país, evitar un hacinamiento mayor en los penales y procurar resarcimiento a las víctimas. La iniciativa recibió dictamen favorable, pero ya no llegó al pleno para su primera lectura. ¿Qué ocurrió? Los Jefes de Bloque tienen distintas interpretaciones.

Enrique Álvarez, jefe de bloque de Convergencia, considera que el documento fue engavetado porque hay rechazo de algunos grupos parlamentarios a propuestas que cuentan con el aval de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), como esta iniciativa.

“Lo que sabemos es que en el congreso hay poco interés en apoyar varias iniciativas, especialmente la de Aceptación de Cargos, lo que hemos escuchado es que en el fondo tiene que ver con el conflicto que hay con la CICIG

Nineth Montenegro, jefe de bloque de Encuentro por Guatemala, opina que la iniciativa de Ley de Aceptación de Cargos no logró llegar al pleno por el rechazo que obtuvo de la ciudadanía, porque consideró que premiaba a quienes cometieron delitos.

“Empezaron a decir que era para proteger a los que guardan prisión y algunos diputados se abstuvieron de seguirla proponiendo”

Montenegro dice desconocer si algunos de sus colegas han optado por distanciarse de las iniciativas apoyadas por la CICIG.

“Me parece absurdo, infantil y fuera de lugar, el hecho de que tenga el respaldo de CICIG, debería darnos la confianza de que las cosas se están haciendo bien”

El diputado Juan José Porras, de VIVA, mas cree que no hay claridad del documento y dice desconocer si hay un frente que bloquea las iniciativas de la comisión.

“Posiblemente el planteamiento de la ley como originalmente venía, las reducciones que se planteaban, las condiciones en las que esa reducciones se daban generó inconveniencia en algunos grupos”

Raúl Romero, Congresista de Fuerza, recordó que la propuesta fue socializada ante diferentes sectores, incluso con los propios diputados.

“Si bien la iniciativa fue planteada por ellos, también fue discutida con diferentes sectores, por lo que debería ser aprobada lo más pronto posible”

Esta ley sería aplicable para cualquier delito, excepto genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y delitos contra los deberes de humanidad. Algunas bancadas en el Congreso creen que se debe excluir también los delitos sexuales.