La basura que diariamente generan los hogares es un problema real de grandes proporciones. La solución parece simple, pero involucra nuevas leyes, coordinación entre el Gobierno central y las municipalidades, y una cultura de reciclaje por parte de la población.

El incendio que ocurrió a principios de febrero en el vertedero de Villa Nueva, administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (AMSA), puso en evidencia que el tratamiento de los desechos sólidos no ha sido una prioridad para las autoridades. De hecho, los proyectos que han funcionado perdieron fuerza o quedaron en el abandono con el cambio de alcalde.

Para empezar, es conveniente mencionar que cada guatemalteco, en promedio, genera 1 libra de basura al día. ¿Qué pasa con esas más de 16 millones de libras de desechos que se producen en el país cada 24 horas? Según el Código Municipal, el gobierno local de los 340 municipios tiene la responsabilidad de su manejo.

Pero la situación cobra complejidad cuando se habla de los costos, ya que el servicio no puede ser gratuito. Y la tarifa que establezca un alcalde para la recolección de basura puede ser una piedra en el camino para su reelección.

Uno de los grandes retos es lograr que la población se acostumbre a separar sus desechos.

Por eso, el primer paso para encontrar una solución es modificar la ley. Según Amed Juárez, exdirector de AMSA, este tema tiene que llegar a oídos del Congreso de la República, pues el Código Municipal faculta a los poderes locales para el manejo de los desechos, pero no les da el trato coercitivo para hacer cobros.

“En las áreas rurales solo el 30% de la población paga por la recolección de basura. En lugares urbanos esta cifra llega al 70%. El resto tira sus desechos donde puede”, dice Juárez.

En el 2020, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) eliminó 300 vertederos clandestinos en diferentes departamentos.

Modelo comunitario

Para encontrar una solución no es necesario inventar un nuevo método. Basta con ver el pasado y replicar un modelo exitoso. Se trata de una planta de tratamiento de basura que funcionó en La Alameda Norte, zona 18, durante 20 años (1984-2004) y fue manejada por la comunidad.

De acuerdo con César Barrientos, consultor en ciencias ambientales y ecotecnología, el alcalde capitalino de ese entonces era José Ángel Lee y apoyó la gestión del proyecto. Durante el periodo de Álvaro Arzú se le retiró todo tipo de ayuda, pero los habitantes de la comunidad le dieron continuidad. “Las personas habían sido capacitadas y se quedaron a cargo de toda la planta. Fue un ejemplo a nivel centroamericano”, afirma el experto.

Las comunas necesitan un modelo más eficiente para el tratamiento de la basura.

La iniciativa atendió a más de 10 mil personas de 25 asentamientos del área periurbana de la ciudad capital.

Este proyecto sirvió de base para que el Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada (IRTRA) y la Municipalidad de Rabinal, Baja Verapaz, crearan sus propias plantas de tratamiento de desechos sólidos.

Iniciativa privada

Julio Teletor, ingeniero y jefe de seguridad e higiene industrial de los parques del IRTRA (hostales, Xetulul, Xocomil y Xejuyup), en San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, explica que la planta de tratamiento comenzó a funcionar hace 15 años y tuvo un costo de US$1 millón, sin contar el precio de las 4 manzanas de terreno en donde está ubicada.

Los gastos de operación oscilan entre los Q800 mil, pero el IRTRA recupera hasta Q400 mil, gracias a la venta de material reciclado y la generación de abono para la jardinería (compost). Ambas materias son producto del tratamiento de los desechos.

“El primer paso es la clasificación en dos vertientes: materia orgánica y material para reciclar. Los desechos orgánicos, que representan hasta un 70% de lo que producimos, se separan y se depositan en cámaras aeróbicas (con aire) para que, luego de 8 meses, se conviertan en compostaje”, expone Teletor.

En cuanto a los otros materiales (plástico, vidrio y papel), se clasifican y se venden. A criterio de Teletor, la tecnología que se utiliza funciona bastante bien y no requiere procesos robotizados o automatizados.

Según el representante del IRTRA, el mayor reto está en cambiar la cultura de las personas. Por ejemplo, la institución realiza una campaña de concientización fuerte entre sus colaboradores para que coloquen los desechos en recipientes separados. Sin embargo, no tienen el mismo control sobre los visitantes, quienes carecen del hábito de clasificar la basura antes de botarla.

Ejemplos municipales

La experiencia del IRTRA sirvió de base para la implementación de una planta de tratamiento en Rabinal, Baja Verapaz, diseñada para manejar los desechos de 35 mil habitantes.

“El proyecto funcionó muy bien, pero el alcalde no logró la reelección y la planta quedó en el abandono. Eso demuestra que debe haber interés directo de las autoridades. La tecnología no lo es todo”, enfatiza Barrientos.

La planta para procesar el desecho ocupa 10 manzanas, cuenta con 4 camiones y 15 trabajadores, pero la falta de pago por la extracción no permite ampliar las operaciones. Octaviano Alvarado, actual alcalde de Baja Verapaz, dice que para cubrir todo el municipio se necesitarían una inversión mensual de Q130 mil.

El jefe comenta que cuando inició su gestión la planta estaba abandonada y su producción era de 6 toneladas. La mayor parte de los desechos provienen del casco urbano, pero no todas las personas quieren pagan los Q20 y Q40 mensuales que cobran por el servicio.

También está el caso de la Municipalidad de San Pedro La Laguna, Sololá, que en el 2016 también prohibió la venta y distribución de bolsas plásticas, duroport, pajillas y derivados.

A la lucha por el cuidado del ambiente se sumó la planta de tratamiento, que tiene un tren de aseo de recolección diferenciada. “Designamos un día para la recolección de materia orgánica y otro para todo lo reciclable”, dice Mauricio Méndez, alcalde de la localidad de 18 mil 500 de habitantes.

Aunque se obtienen ingresos por el fertilizante y el reciclaje, la comuna invierte Q1.5 millones en todo el proceso. Para cubrir los gastos, los pobladores deben pagar Q30 al mes. Sin embargo, eso no es suficiente, pues la municipalidad debe aportar el resto.

Más de 300 vertederos clandestinos eliminó el MARN durante el 2020.

“Para que exista un equilibrio, las personas deberían cancelar Q47.32. Esa cantidad no es significativa para una familia de clase media, pero sí lo es para un campesino que gana Q50 al día”, dice Méndez.

Apoyo del Gobierno

El mayor reto, según el jefe edil de San Pedro La Laguna, es lograr el cofinanciamiento necesario para subsidiar a las personas que no pueden pagar por la recolección de basura. “Necesitamos que el Gobierno central apoye a las comunas”, agrega.

A criterio de Juárez, también se debe pensar en alianzas público-privadas que permitan que las plantas de tratamiento tengan inversión extranjera, con el fin de que los rellenos sanitarios también puedan ser concesionados.

Barrios asegura que el incendio de AMSA debe verse como una oportunidad para reflexionar y encontrar una solución viable. “Si logramos resolver el problema socioambiental de la basura, vamos a estar en la capacidad de solucionar otros temas complejos, como el desarrollo sostenible y el cambio climático”, concluye.