La última batalla por reformar la Constitución en materia de Justicia se perdió en 2016. El 22 de mayo de aquel año, la instancia de jefes del bloque del Organismo Legislativo decidió poner alto a la discusión: siete meses de debate de aquel proyecto que buscaba modernizar el sistema jurídico se fueron al a gaveta.

Algunos puntos que la antigua propuesta incluía fueron:

  • Reformas a las leyes de la Carrera Judicial, Ley Orgánica del MP, de Amparos y Antejuicios y el de justicia indígena.

El presidente Alejandro Giammattei presentará su propuesta, algunos puntos:

  • La eliminación de las Comisiones de Postulación
  • Una Corte Suprema de Justicia integrada por 15 magistrados
  • La elección de los magistrados sería proporcional: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Colegio de Abogado y Facultades de Derecho.

El Congreso de la República no es el mismo que hace 4 años rechazó los cambios: 110 diputados son nuevos y 50 antiguos.

Pero la nueva composición ¿garantiza el éxito?

Los tiempos y los votos darán la respuesta.

Óscar Chinchilla, expresidente del Congreso y diputado del bloque CREO:

“Lo veo complicado porque se necesitan 107 votos y no creo que haya condiciones”

De acuerdo con Chinchilla el “fracaso” de la anterior propuesta fue abarcar varios temas:

“A mí criterio para que pueda avanzar una iniciativa como esta, debe tener dos o tres temas torales que hoy sean necesarios en Guatemala”.

Walter Félix, diputado de URNG, y quien participó en las discusiones en la anterior legislación, ve un panorama diferente: él cree que 110 nuevos diputados y una propuesta clara, hacen viable la reforma:

“Precisamente por no estar contaminados del pasado reciente, podría actuar de una manera distinta y esperaría que haya una participación y propuesta congruente con las necesidades del país porque lo que se busca es mejorar la aplicación de la ley”

Sin CICiG

Influye además la ausencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quienes los propios diputados describen como un fantasma que asustaba.

“…Y hasta se decían que las instrucciones venían de ahí y por lo tanto se abortó un proceso que pudo ser muy bueno y que daría como resultado que hoy pudiéramos elegir una Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones en otro contexto y como está pasando”.

El Ministerio Público bajo dirección de la exfiscal Thelma Aldana, Organismo Judicial, junto con la desaparecida CICIG se unieron a promover las reformas en 2016. Las últimas discusiones se llevaron en 2017 cuando se aprobó establecer la proporcionalidad en la elección de magistrados de Apelaciones, la estabilidad en el cargo, entre otros.

El artículo 3 referente a la jurisdicción indígena, un punto controversial, debió pasarse al último punto pues opositores irrumpían las sesiones para evitar su discusión. Entre ellos grupos como Guatemala Inmortal y la Fundación Contra el Terrorismo.

Sonia Gutiérrez, diputada de Winaq, apoya la discusión de cambios, pero cree que no es el momento por la crisis que atraviesa el país, además considera que debe retornarse el debate de la propuesta existente y sobre la justicia indígena, expone:

“El reconocimiento del derecho indígena ya está instituido en la ley ordinaria, lo que hace falta es llevarlo a nivel de la Carta Magna; es necesario porque somos un país multicultural”.

En la bancada VIVA el diputado Rudy González señala también que este es momento de atender la emergencia sanitaria y no la discusión de reformas a la ley.