Uno de los primeros encuentros de Sandra Torres con la justicia fue en la Corte de Constitucionalidad cuando se dictaminó que la entonces Primera Dama, tenía impedimento para participar como candidata presidencial en el proceso electoral de ese año. La razón: ser esposa del entonces presidente Álvaro Colom y divorciarse meses antes de su inscripción como candidata. Un acto que se comprendió como fraude de ley.

La exesposa del expresidente Colom fue denunciada en 2010 por la exvicepresidenta Roxana Baldetti, bajo sospechas de mal manejo de fondos en el Programa de Cohesión Social.

Ahora el Ministerio Público indaga sobre la participación de la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Caso Transurbano. Un proceso por el cual su exesposo Colom guarda prisión, bajo acusado de firmar un acuerdo anómalo que transfirió US$ 35 millones a una entidad particular para la implementación del servicio de trasporte prepago.

Dos testimonios son clave para la Fiscalía Especial contra la Impunidad: uno es el del exvicepresidente Rafael Espada y el otro es el del exvicemistro de Finanzas Erick Coyoy, quien fue llamado al Ministerio Público para responder sobre el papel de Torres en la firma del contrato millonario. Coyoy dijo a ConCriterio que las indagaciones de los fiscales se llevaron a cabo en abril de 2017 y la más reciente en febrero de este año. El exfuncionario aclara que no es testigo ni colaborador el MP.

“La declaración mía responde a un interrogatorio que ellos –FECI- me hacen y, sí insistían mucho en la participación de la exprimera dama”.

Torres era quien llevaba la batuta en las reuniones del Proyecto Transurbano, de acuerdo con lo dicho por Coyoy ante la Fiscalía, según él incluso el Presidente no participa de las mismas y era ella quien tenía el control:

“En el caso de la exprimera dama, en mis reportes al exministro de Finanzas dije que la figura presente en las reuniones no era el Presidente, sino la de la exprimera Dama”.

“Ella condujo esas reuniones, pero no sé si ella fue la que definió el monto de los US$35 millones. Yo no participe en alguna reunión donde se haya discutido que ese era el monto que debía aportarse. Yo participé en una reunión donde se notifica la decisión política de hacer ese aporte y se le pide a Finanza hacer las gestiones para el pago, que fue lo que hace el exministro cuando manda el acuerdo a Secretaria General”

Coyoy dijo también que fue Torres quien decidió cuándo anunciar el proyecto, aunque desconoce si ella firmó algún documento, cree que no, sin embargo afirma que ella era quien tenía el mando.

“De hecho yo mencioné en mi testimonio que cuando se crea el Consejo de Cohesión Social, la primera versión de ese acuerdo gubernativo era la exprimera dama la coordinadora, luego el acuerdo es señalado de ilegalidades; se hace la rectificación y se designa al Presidente como coordinador, pero en la práctica seguía siendo ella”.

Rafael Espada, vicepresidente durante la administración de Colom, fue quien denunció las anomalías del acuerdo: Yo sí hice una petición al Ministerio Público para que se investigara al proyecto, no a personas.

Espada declaró en 2016 en dos ocasiones ante la Fiscalía Especial, en ese momento dijo que el proyecto le pareció visionario, sin embargo, cuando supo que los fondos los aportaría el Estado y que los mismos no estaban presupuestados, además, que se le entregarían a una empresa lucrativa, dijo que no firmaría. De momento prefiere que las investigaciones continúen y no brindar mayores declaraciones sobre el proceso.

“Es un caso difícil, creo que la información es inicial y no me gustaría hablar de cosas que están bajo investigación”

Edgar Rosales vocero de la UNE dijo que la posición de Sandra Torres respecto a lo dicho por el exviceministro Coyoy, “no merece ningún comentario”. La ex Primera Dama no emitirá comentario al respecto.