En menos de un año la Contraloría General de Cuentas (CGC) ha obligado al presidente Jimmy Morales a devolver medio millón de quetzales del erario público y que le fueron entregados en dos formas: en bonos o gustos personales que él no debía recibir o bien cubrir con sus propios fondos.

Primero fue el bono ilegal otorgado por el Ejército. En septiembre el mandatario debió devolver Q450 mil que el exministro de la Defensa Williams Mansilla le entregó durante nueve meses como un sueldo extra por ser Comandante General del Ejército. La Contraloría dictaminó no solo que era ilegal y por esa razón, al dejar el cargo, Mansilla fue capturado y ligado a proceso por abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Y siete meses ocurrió de nuevo: el ente contralor de los fondos públicos ordenó a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) a devolver Q113 mil 300, los cuales fueron reintegrados la última semana de abril. Ese dinero se utilizó para comprar artículos de uso personal del presidente. Así el mandatario fue obligado a pagar con su sueldo la ropa deportiva, los lentes Carolina Herrera, además de finos licores, las entradas para el cine e incluso las mentitas para el aliento. Algo que el Morales no quería pagar de su bolsillo como lo dijo en una ocasión:

…Es que yo no tengo que pagar de mi salario (…) a mí me entregan ese par de lentes. Usted ¿cree que yo ando buscando ese tipo de cosas? (…) yo pregunto lo que vale la pena”

De los Q200 mil 300 que, de acuerdo con el informe preliminar se erogaron en esta partida, Q86 mil 600 fueron justificados. Así lo dijo Cesar Elías, Subcontralor del Gasto:

“Algunas compras de licor fueron utilizados en recepciones de la Presidencia; algunos regalos fue demostrado que se entregaron a las personas que informaron; asímismo se comprobó que las flores fueron utilizadas en actos protocolarios”

El subcontralor aseveró que el argumento de la SAAS fue que la ley da la facultad para encargarse de todo el tema logístico del Presidente. Una permisividad que busca reformar la iniciativa presentada por la bancada Encuentro por Guatemala. Aunque la diputada Nineth Montenegro considera que no hay voluntad política para limitar a la SAAS y evitar que se incurra en ese tipo de gastos.

“Lo se buscaba era que la SAAS se circunscribiera a sus funciones de seguridad del Presidente: compra y cocción de los alimentos de la familia, pero no artículos personales, pero la iniciativa ni siquiera se ha leído en el pleno”

No es la primera y única vez que ocurre. En la audiencia de declaración del Caso Cooptación del Estado, Juan Carlos Monzón, exsubsecretario de vicepresidenta, ha relatado la forma como abusaron de dicha partida. Entre otras erogaciones, el testigo relató que fue la SAAS la que pagó la remodelación de la casa de playa del expresidente Otto Pérez.