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Ha pasado poco más de un año desde que el Ministerio Público (MP) develó el caso de financiamiento electoral de FCN-Nación de 2015: cinco prominentes empresarios de Guatemala admitieron financiar con Q7.1 millones a la campaña presidencial de Jimmy Morales.

El caso ha dado diferentes giros, el más reciente: Olga Méndez, una de las colaboradoras eficaces y representante de Novaservicios, empresa por las que se canalizó el financiamiento al partido oficial. Méndez, quien construyó la investigación del financiamiento irregular contra los cinco empresarios, ha vuelto a situación de sindicada, pese a que  en marzo de este año el proceso en su contra fuera clausurado por la jueza Erika Aifán.

La razón en el revertimiento de la causa  se debe a que el convenio de colaboración eficaz con Novaservicios fue revocado pues una empresa no puede ser testigo. Así lo explicó el fiscal a cargo del caso, Rafael Curruchiche:

La jueza fija el 28 de marzo para conocer sobre ese requerimiento, cuál va ser el pronunciamiento de la fiscalía en relación a ese criterio de oportunidad, yo manifiesto que se sobresea el caso y la jueza la sobresee, pero al revocarse los convenios, ese beneficio queda sin efecto y ella regresa a la situación de sindicada.

Controversia en la Corte

La diligencia del pasado lunes en la sala de audiencia de Erika Aifán subió de tono, cuando la jueza llamó la atención al fiscal Curruchiche por no pronunciarse sobre la revocatoria  que la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo hizo sobre las colaboraciones eficaces:

“Como usted tiene la representación del Estado de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, voy a preguntarle si usted está preparado para hacer la evacuación de esta audiencias o le oficiamos a la Fiscal General para que designe un fiscal que esté preparado para hacer los pronunciamientos que correspondan en derecho”.

Ante la llamada de atención, el fiscal Curruchiche respondió:

“Sí estoy capacitado y he analizado detenidamente este convenio, y esta representación no tienen ninguna objeción en cuanto a la revocatoria que hizo la sala, es decir comparte el criterio de la sala en revocar dicho convenio”

Aifán continuó: usted tiene que venir a estas audiencias debidamente preparado –y si me pone atención es mejor- para hacer sus peticiones conforme a la ley, de manera clara objetiva y precisa.

Este miércoles en conferencia de prensa el fiscal Churruchiche sostuvo  que está de acuerdo la revocatoria del convenio de colaboración eficaz y aunque dijo que en su momento harán un planteamiento, no aportó mayores detalles del mismo:

Yo le manifiesto a ella, que ya me pronuncié la primera vez y que  nos vamos a pronunciar oportunamente; y que se comparte el criterio de la honorable Sala Segunda de la Corte de Apelaciones en cuanto a la revocación -del convenio-, la señora jueza me vuelve a cuestionar “en un tono amenazante”, me indica que si no me pronuncio de forma concreta va a oficiar a la Fiscal General y esta es la segunda vez que lo hace.

A la llamada de atención de Aifán al fiscal, Consuelo Porras responidió:

Corresponde al MP  la autonomía funcional, otorgarle a cada uno de los fiscales el trámite de sus investigaciones. Consecuentemente yo tendré que analizar la procedencia y analizar si hay qué responsabilizar se hará en su momento.

Otro convenio que había sido revocado fue el de Paulina Paiz, la otra colaboradora en el proceso, por un error en la hora del documento, sin embargo esté fue subsanado.

El caso ha estado sujeto a controversias, entre ellas aquella diferencia de criterios entre Fiscalía de Delitos Electorales y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) cuando los fiscales solicitaron cerrar el proceso contra los 5 empresarios. A esa solicitud se opuso la CICIG.

Los empresarios que esperan juicio  por este caso de financiamiento son:

  • Felipe Bosch
  • Fraterno Vila
  • Salvador Paiz
  • José Miguel Torrebiarte
  • José Guillermo Castillo
  • José Andrés Botrán
  • Rodrigo Arenas

Medidas alternas a la prisión

Julio Cordón secretario de Política Criminal del MP dijo que en estos casos, el criterio  del MP es la búsqueda de salidas alternativas:

En el caso del financiamiento electoral no registrado porque la ley lo permite se privilegiará la salida alterna a la prisión.

Lo mismo comentó el fiscal Curruchiche:

La fiscalía estima que, si es conveniente, que se puedan otorgar salidas alternas y estas no son malas. La fiscalía va a seguir actuando conforme a la ley y si lo que corresponde es una salida alterna lo vamos a hacer.

El año pasado el Congreso reformó el delito de financiamiento electoral ilícito, articulo 407 N; que aplicaba penas de prisión entre 4 a 12 años a este ilícito. Con los cambios a la ley las penas son ahora conmutables de 1 a 5 años.