La firma del acuerdo para convertir a Guatemala en “tercer país seguro” tendrá que sortear desafíos legales de la legislación nacional e internacional. En la Corte de Constitucionalidad (CC) suman tres acciones de amparo, las cuales la máxima corte admitió para su trámite y que deberá conocer luego de que el presidente Jimmy Morales; el ministro de Gobernación, Enrique Degenhart; y Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, trasladen a la CC, los informes requeridos para conocer de los compromisos adquiridos con Estados Unidos.

Morales continúa en silencio sobre el tema, En su lugar, este lunes en conferencia de prensa Degenhart y Jovel empiezan a sacar a luz aspectos del documento, no sin antes  justificar  la secretividad de la negociación:

  El origen de este convenio además de ser humanitario, tiene un componente de seguridad nacional para desarticular las estructuras trasnacionales que se llevan a nuestros ciudadanos de manera irregular a EE.UU. Cuando se está negociando un tema de seguridad, no se puede compartir hasta que esté concluido porque es un tema muy sensible.

De acuerdo con los ministros, lo que se busca es evitar que los traficantes de personas continúen operando como hasta ahora en Guatemala, El Salvador y Honduras. El plan, señalan, no está definido en su totalidad; sin embargo, se firmó para evitar las sanciones de Estados Unidos, explicaron.

Establecen perfil de migrantes

Lo que se ha establecido es que el convenio tendrá una duración inicial de dos años y se centrará en salvadoreños y hondureños; Guatemala no aportará  de su capital para desarrollar el proyecto;  así mismo, Degenhart dijo que se establecieron algunos criterios:

Estas personas serán trasladas de EE.UU a Guatemala siguiendo un protocolo específico,  el plan de implementación que está en desarrollo, definirá las reglas del juego: no vamos a recibir niños no acompañados, mujeres en tercer trimestre de embarazo, personas que haya cometido crímenes en EE.UU y personas con capacidades especiales.

Además:

Todos aquellos que soliciten protección: no estarán restringidos en un lugar en especial, tendrán libre locomoción, pero tendrán que reportarse de manera regular. Lo que le damos es el estatus migratorio legal, desde ningún punto de vista hacemos referencia a un área donde deben estar circunscritos.

Visas de trabajo para guatemaltecos

Los funcionarios explicaron que el equipo jurídico del Gobierno analiza cuál será el siguiente paso en el convenio. La ministra Jovel comentó  que se trabaja con la Unión American en un plan de desarrollo que incluye visas de trabajo para unos 9 mil  los guatemaltecos:

            Se está terminando de negociar un convenio de trabajadores agrícolas mediante el cual los guatemaltecos van a viajar a EE.UU para trabajar de manera ordenada y  posteriormente se hará en el área de la construcción y de los servicios.

Congreso no descarta denuncia

En el Congreso de la República, la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) espera  la comparecencia de Degenhart y Jovel, citados ayer para responder a las dudas sobre el acuerdo, pero los ministros no asistieron, así que se reprogramó la cita. Orlando Blanco, jefe de bloque de la UNE, no descartó presentar denuncias por la firma de este convenio, además, señaló:

“Hay una serie de preguntas que tienen que responder sobre los compromisos que adquirieron en la representación del Estado; tenemos dudas sobre la representación que ejerció el Ministro de Gobernación en la firma del convenio. Además, necesitamos saber sobre el envío de este convenio al Congreso, porque se están comprometiendo fondos y territorio”

Sobre una de las inquietudes del congresista, Degenhart respondió:

La capacidad legal por la que yo firmé el convenio fue a través de los plenos poderes que el sr. Presidente de la República, haciendo uso legal del derecho, me trasladó. Entonces, el convenio sí tiene vigencia.

Degenhart dijo también que una de las razones para firmar el acuerdo fue que en la actualidad el 31 % de los migrantes capturados en la frontera con EE.UU son de origen guatemalteco. Además señaló que se ponía en riesgo el 50 % de las exportaciones y 1 millón de empleos.  Ante esos datos llamó malos guatemaltecos a quienes buscan frenar la vigencia del acuerdo.