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Una reciente publicación del diario estadounidense The Washington Post genero expectativa al informar que es posible que Guatemala se convierta, en los próximos días, en el primer país del norte de Centroamérica que recibe a los primeros refugiados que buscan asilo en Estados Unidos.

Sería el  primer capítulo ejecutado del convenio migratorio firmado en julio pasado con EE.UU. al cual las autoridades evitan llamar acuerdo de “tercer país seguro”. En la publicación del diario estadounidense, el periodista Nick Miroff atribuye la información a tres personas involucradas en el plan, sin revelar sus nombres.

Alfredo Brito, Secretario de Comunicación de la Presidencia, dijo que de momento ni Sandra Jovel, ministra de Relaciones Exteriores, ni Enrique Degenhart, titular Gobernación, han confirmado la llegada de asilados a Guatemala:

Ellos desconocen y fue lo que me informaron, por lo tanto, no tengo mayor comentario.

Yo no puedo opinar con base a especulaciones de un medio de comunicación que no revela su fuente porque reitero, los ministros manifiestan que no tiene conocimiento de ello.

El 15 de julio la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que “Se previene al Presidente de la República de Guatemala que, para asumir la decisión en nombre del Estado de Guatemala, de constituir al territorio nacional como un tercer país seguro, debe cumplir el mecanismo establecido en la literal l) del artículo 171 de la Constitución Política de la República”.  Este consiste en que el Congreso debe aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional, cuando afecten a leyes vigentes.

La resolución de la CC respondió a las apelaciones de un grupo de excancilleres y otras organizaciones para invalidar el acuerdo.

Uno de los excancilleres fue  Gabriel Orellana quien no resta credibilidad a la publicación de prensa y ante eso le surgen  inquietudes en caso los aviones con migrantes centroamericanos comiencen a aterrizar en el país:

·        ¿Cuándo fue publicado en el Diario Oficial? Ya que si a juicio del presidente no debe ir al Congreso, eso no debe decir que sea incorporado al derecho guatemalteco y por eso mismo debe hacerse la publicación.

·        La Corte de Constitucionalidad lo obliga a hacerlo porque él no está en la capacidad de decidir si va o no al Congreso el documento.

·        El presidente está jugando con fuego porque hay amparos en trámite, y lo que se hizo fue una advertencia, pero la sentencia no se ha dictado y no vaya ser que la Corte declare la inconstitucionalidad.

Ante las dudas surgidas, el portavoz presidencial argumentó:

El presidente ha manifestado en reiteradas oportunidades que a su parecer no tiene que ir al Congreso pero serán los jurídicos de la Secretaría General quienes decidan si es eso lo que corresponde o no.

La Corte de Constitucionalidad tiene aún en trámite cinco acciones de amparo relacionadas con el acuerdo migratorio. La construcción del sistema asilo en Guatemala cuenta con el ofrecimiento de US$47 millones por parte de Estados Unidos con el apoyo de la oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) para ejecutar las medidas.