Acciones legales planteadas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el  Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Corte de Constitucionalidad (CC) generan incertidumbre sobre tres candidaturas a la presidencia:

Una de ellas busca evitar que Thelma Aldana sea postulada como candidata presidencial. Mario Sarti, exdefensor del hijo y el hermano del Presidente señalados de corrupción en el caso Botín Registro de la Propiedad, fue quien interpuso la denuncia en el TSE.

El abogado asegura que hay irregularidades en los plazos de convocatoria de las asambleas de la organización política  y por lo tanto Semilla no podría realizar su asamblea nacional del 10 de marzo, en la que Aldana sería nominada como candidata presidencial.

María Eugenia Mijangos, Magistrada del TSE informó que la acción legal no ha sido conocida en pleno. Samuel Pérez,  Secretario General del partido cree que independientemente del rumbo que esta tome, no afectará la asamblea nacional programada:

Independientemente se le diesen o no trámite, no tiene efecto suspensivos con nuestros tiempos de asambleas; si esto causara algún problema –que yo espero que no porque no tiene fundamento- se llevaría paralelo a los tiempos de asamblea, no es un impugnación que limite. Así que lo de la asamblea  está en firme. 

Por otra parte, El 15 de febrero de este año, Zury Ríos candidata presidencial del partido Valor, recibió sus credenciales para participar en la contienda electoral luego de que la CSJ le otorgó un amparo provisión que revirtió la negativa del Registro de Ciudadanos para  inscribirla. Sin embargo, el TSE apeló el fallo judicial ante la Corte de Constitucionalidad, ente que tendrá que decidir sobre su participación en los comicios.

 

Luis de León, vocero de la Ríos comentó:

Es un paso muy delicado el del TSE, porque ellos son un árbitro, lo que les corresponde es regular la actuación de todos los partidos políticos con la ciudadanía y cuando decidieron aceptar un amparo de la CSJ, accedieron que era  legal, entonces iniciar un proceso en la CC es delicado.

Otra candidatura en la misma situación es la de Sandra Torres, de quien el Ministerio Público solicitó el retiro de su inmunidad, luego que su inscripción como candidata la protegiera de ser investigada.

El MP sospecha de que Torres recibió Q19.5 millones de financiamiento ilegal y no reportado durante las elecciones de 2015 con lo cual financió la campaña presidencial en esos comicios.

Andrei González, fiscal a cargo del caso dijo que la semana pasada fue trasladado el expediente a la Corte Suprema de Justicia,  sin embargo, comentó que son 10 mil folios a revisar, lo que podría retrasar que los magistrados conozcan la solicitud de retiro de inmunidad a Sandra Torres.