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La llegada de Roberto Mota Bonilla al Organismo Judicial (OJ) ,como nuevo Director de Seguridad, ha generado desconfianza y objeciones entre jueces y trabajadores de la institución. En corrillos del palacio de justicia las personas hablan a voz baja y con temor. Una denuncia pública por parte del sindicato mayoritario de trabajadores de la entidad advierte que existe un plan para amedrentar y limitar la independencia judicial.

Mota Bonilla, con un doctorado en seguridad estratégica, ha sido  consultor y fue subsecretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE) entre enero 2016 y febrero de 2017, también formó, parte del la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

Fabricio Regnier Medina, Secretario General del Sindicato dijo que se sospecha que el nombramiento del nuevo director de seguridad fue acordado entre el Organismo Ejecutivo y Judicial, con el fin de intimidar a los jueces:

Ha contratado a nuevo personal, ha traído a extrabajadores de la SAAS que fueron dados de baja por temas disciplinarios, y lo has puesto de jefes de los que ya tienen antigüedad, háblese de: oficiales de ronda, de seguridad, de protección de personalidades. Y  de particular andan en los pasillos vigilando y tomando nota de cualquier situación. En el área de los juzgados también lo mismo controlan de manera sistemática al estilo del sistema de inteligencia, toman nota de lo que sucede en cada juzgado.

Alfredo Brito, Secretario de Comunicación de la presidencia, vía chat, rechazó los señalamientos del sindicato y los desmintió categoricamente, además de considerar irresponsables ese tipo de aseveraciones.

Mario Siekavizza, portavoz del Organismo Judicial, pidió a los trabajadores que denuncien utilizando los canales correspondientes y con las pruebas que sustenten sus acusaciones. Lo que considera es que hay reticencia al plan de trabajo de Mota Bonilla:

 “Si existe un malestar deben de acudir a los canales legales correspondientes, un simple señalamiento es muy difícil tomarlo  porque no tiene un sustento documental en que se evidencien, una vez se canalicen esas pruebas las autoridades correspondientes tomarán las acciones legales, pero de momento todo es especulación”.

Verónica Galicia juez de niñez y adolescencia y exjueza de casos de mayor riesgo, comenta que es extraño que sean los jueces de alto impacto, quienes actualmente llevan casos de corrupción asociados a la política, quienes son los que están presentando las quejas por lo que dijo que se debe prestar atención:

 “Nosotros somos los que le damos la cara a la delincuencia, en nombre del pueblo, nosotros somos los que los mantenemos presos”.

Lo que sucede, agregó, no debe afectar sus resoluciones:

Eso no es una razón para decidir o emitir una resolución,  ¡jamás esa va ser una razón!, el Estado lo tiene que proteger a uno, así como nosotros –los jueces- tenemos la obligación de resolver,  las autoridades tienen que garantizarnos nuestras vidas.

Ovidio Orellana, presidente recién electo del Colegio de Abogado y Notarios de Guatemala (CANG) también se pronunció sobre la seguridad de los togados:

Si ellos están pidiendo seguridad habría  que ver por qué lo están pidiendo, para quién lo están pidiendo.  Si lo están pidiendo alguna razón tendrán, quizá hay amenazas o circunstancias que los obliguen a hacer esos requerimiento.

Ayer en una reunión con el presidente del Organismo Judicial, Nester Vásques; los jueces: Ericka Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Carlos Ruano y Haroldo Vásquez pidieron remover del cargo a Mota Bonilla bajo el argumento de que no se siente seguros.